La cámara de Senadores dio sanción final a una propuesta de la senadora Mercedes Rus (UCR), por la cual se busca prevenir el robo de transformadores y cables, mediante la trazabilidad del cobre y de los metales no ferrosos, a fin de evitar los robos de esos elementos, uno de los delitos que más creció en Mendoza desde 2021. Fue aprobado por unanimidad, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma establece un régimen preventivo y de control de actividades con esos metales, ante el aumento significativo de su sustracción y el mercado ilegal, ligado a los atentados contra transformadores eléctricos, fundamentalmente en las zonas rurales de los departamentos.
“Este proyecto diseña una norma que otorgue facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto, teniendo en cuenta los daños que esto provoca en varios servicios públicos y su incidencia sobre el consumidor”, resaltó la autora de la propuesta.
El material es vendido en el mercado negro a un costo superior a los $1.300 por kilogramo y en fundiciones a $2.000, por lo que, si se tiene en cuenta que un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kg de cobre, la operación ilegal se presenta como un negocio tentador.
Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa, durante el período 2021-2022 se contabilizaron 400 robos y 174 tentativas. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 kilos de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de “mercado ilegal”, una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $199.500.000 y el operativo $39.900.000, aproximadamente.
Entre los perjuicios, el más significativo es el que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio eléctrico hasta que se logra reponer el transformador y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola.
Preocupa, además, la incidencia del robo de cables de cobre, que afecta a sectores sensibles como hospitales (por atentados en las centrales, el hospital Lencinas de Godoy Cruz y Gailhac de Las Heras sufrieron dificultades) y el aeropuerto, entre otros.
Respecto al perjuicio ambiental, estos ilícitos en su operatoria suelen provocar derrame del aceite contenido en los transformadores para su refrigeración.
La ley vigente N° 8.124, que regula el régimen para la compra y venta de bienes muebles usados, en realidad no está dirigida a contemplar el objeto de esta problemática, a más de incluir un procedimiento con aristas incompatibles para el caso específico de los kilos de cobre. Pero en la práctica, la competencia esta atribuida a los municipios adheridos, lo que dificulta su aplicación. Sobre todo, complica la actuación policial, además de consignar multas de ínfimos valores comparados con los daños provocados por los ilícitos que esta propuesta trata de combatir.
A partir de su reglamentación, si los sujetos alcanzados detectan materiales no ferrosos sin poseer documento certificado que acredite su procedencia lícita o materiales inscriptos, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de un delito.
De igual forma, quienes no estén inscriptos en el registro que crea la Ley serán sancionados con multa desde seis mil UF ($324.000, a valores de 2023) y hasta nueve mil UF ($486.000) y/o decomiso, y hasta la clausura del establecimiento o inhabilitación del infractor según el caso.
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