El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, en medio de la creciente presión política por las irregularidades reconocidas en sus declaraciones juradas.
El jefe de Gabinete fijó fecha para su presentación ante la Cámara alta mientras crecen los pedidos de interpelación y una posible moción de censura.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se presentará el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, en medio de la creciente presión política por las irregularidades reconocidas en sus declaraciones juradas.
La fecha fue comunicada mediante una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que el funcionario expresó su voluntad de cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que lo obliga a informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno.
La decisión de fijar una fecha para su exposición llega en un contexto atravesado por cuestionamientos de la oposición y de sectores aliados, que exigen explicaciones tras la admisión de omisiones por más de US$500 mil en su patrimonio.
En ese escenario, distintos bloques impulsaron proyectos para interpelarlo, un paso previo que podría habilitar el avance de una moción de censura en el Congreso.
Frente a ese riesgo, el Gobierno busca descomprimir la tensión política y evitar que legisladores dialoguistas —del PRO, la UCR y espacios provinciales— acompañen la ofensiva opositora.
La confirmación de la visita al Senado se da luego de que el oficialismo tomara medidas para evitar un escenario adverso en el Congreso.
La Libertad Avanza decidió levantar una sesión prevista en la Cámara alta, donde la oposición podía avanzar con pedidos de interpelación o cuestiones de privilegio contra el jefe de Gabinete.
En paralelo, referentes parlamentarios del oficialismo mantienen negociaciones para desactivar iniciativas similares en Diputados, donde también crece la presión política.
El caso de Adorni volvió a poner en el centro de la escena la figura de la moción de censura, una herramienta prevista por la Constitución desde la reforma de 1994, pero que nunca fue aplicada.
El mecanismo requiere primero una interpelación formal del funcionario, quien debe responder preguntas ante el Congreso.
Luego, ambas cámaras pueden avanzar con una votación que, para prosperar, necesita mayoría absoluta de sus miembros, un número que obliga a la oposición a reunir apoyos amplios.
La crisis política se desató después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas e incorporara más de medio millón de dólares que no habían sido informados inicialmente.
Según explicó el propio funcionario, se trata de ahorros no declarados y operaciones vinculadas a criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.
La situación generó cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados, que plantean dudas sobre la consistencia de la información brindada y reclaman explicaciones en el ámbito legislativo.
Adorni ya había concurrido al Congreso a fines de abril para presentar su primer informe de gestión, en un contexto también marcado por cuestionamientos.
En aquella oportunidad, el funcionario aseguró que “no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, y sostuvo que había cumplido con la normativa vigente en materia de declaraciones juradas.
Sin embargo, las revelaciones posteriores reactivaron el conflicto político y abrieron un nuevo escenario en el Congreso, donde la oposición busca avanzar con mecanismos de control que podrían poner en riesgo su continuidad.

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