De esta manera, los únicos cargos electivos que pueden ser reelectos indefinidamente son los diputados y senadores (nacionales y provinciales); ya que el gobernador no puede ser reelecto.
Por eso, los legisladores de La Unión Mendocina, la diputada Laura Balsells Miró y el senador Valentín González; presentaron un proyecto en sintonía, para que los legisladores provinciales tengan -al igual que concejales e intendentes- un límite de dos mandatos consecutivos.
El proyecto para limitar la reelección de concejales
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, que limita la reelección de los concejales y cambia la forma de elección de los intendentes. Esta iniciativa es un resultado combinado de dos proyectos presentados por los diputados César Cattaneo (UCR) y Gustavo Cairo (La Libertad Avanza).
Esta iniciativa, que introduce cambios en el Artículo 44 de la Ley 1079, establece que los concejales tendrán un mandato de cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos, no podrán ser elegidos nuevamente hasta después de un intervalo de un período.
Otra modificación es la del Artículo 93 de la Ley, que actualmente establece que los intendentes son elegidos por el voto directo de los electores de sus respectivos municipios y que su mandato dura tres años. Con el cambio aprobado, se establece que los intendentes serán elegidos por mayoría simple de votos válidos emitidos y tendrán un mandato de cuatro años. También se limita su reelección a un solo período consecutivo, con la misma restricción de intervalo de un período para volver a ser elegidos.
Además, se deroga el Artículo 47 de la Ley, que establecía que los Concejos Deliberantes eran los encargados de designar a los intendentes, un procedimiento que ya no está vigente y que ahora se realiza mediante elección directa, conforme al artículo 198 de la Constitución Provincial.
¿Se limitará la reelección de diputados y senadores?
Los legisladores Valentín González y Laura Balsells Miró presentaron un proyecto para modificar el artículo 78 de la Constitución de la Provincia de Mendoza para que diputados y senadores puedan ser reelegidos por un sólo período consecutivo. "Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período", agrega.
Si bien esto es un gesto, se prevé por ahora como algo difícil de lograr porque "hay otros temas más urgentes", como el equilibrio fiscal que impulsa el oficialismo, la autonomía municipal que pregona el PJ y la extensión de los periodos que pide La Unión Mendocina. Esos, por citar solo los temas por los que están "peleando" en este momento para poder discutirse este año y ser sometido a plebiscito popular en los próximos comicios; pero sobre los que no hay acuerdo para avanzar aún.
Pero ¿qué pasa con esas personas que no han sido elegidas por la ciudadanía, sino puestos a dedo; de los cuales a pocos se les conoce la cara, y no le rinden cuentas a los vecinos?
Claramente, hablamos de jueces y titulares de organismos de control que pueden durar en su cargo los años que quieran, ya que desplazarlos significaría una tormenta política que pocos están dispuestos a desatar.
Qué pasa con los organismos de control
La Provincia de Mendoza cuenta con varios espacios que se encargan de revisar las actuaciones de las diversas áreas del Estado: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Oficina de Ética Pública, Inspección General de Seguridad (IGS), EMOP, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE).
Su composición y designación de autoridades, sin embargo, difieren entre sí. En la mayoría no se exige que el directorio tenga un contrapeso de poder con representación de la oposición política, y algunos ni siquiera se pide que el Senado apruebe los nombramientos.
Pero, en la mayoría son cargos vitalicios, designados por el gobernador "de turno" cuando se produjo la vacante.
En el caso del Tribunal de Cuentas, sus integrantes son propuestos por el Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara Alta, y se tratan de cargos vitalicios. El presidente es el ex diputado Néstor Parés (UCR), y sus vocales Mario Angelini, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano (los tres del PJ) y Liliana Muñoz de Lázzaro (UCR). Parés asumió en 2019, propuesto por el entonces gobernador Alfredo Cornejo.
La Fiscalía de Estado cuenta con un titular (Fernando Simón, ex senador peronista) y es nombrado por el Ejecutivo con aprobación del Senado. Su puesto también es vitalicio y puede ser juzgado por el Jury de Enjuiciamiento. Simón fue designado en 2015 por el entonces gobernador Francisco Pérez. En alguna oportunidad, aseguró que duraría diez años en el cargo y luego renunciaría. El año que viene se cumple esa década.
La IGS, en tanto, tiene un presidente (Marcelo Puertas, UCR) y dos directores que, si bien deben ser postulados por los dos partidos principales de la oposición, actualmente ocupan los cargos Gustavo Sarli (PJ) y Miguel Ángel Bondino, que pertenece a la planta permanente del organismo y fue impulsado por el radicalismo. Las designaciones corren a cargo del Ejecutivo, sin acuerdo de la Cámara Alta, y no se especifica la duración de los mandatos. Puertas llegó a la IGS en 2015.
El EPRE cuenta con una directora presidenta, Andrea Molina (UCR) y dos directores: Hugo Reos (PJ) y Andrea Salinas (técnica nombrada en la gestión de Alfredo Cornejo, en 2020). La ley 6497 indica que “el mandato de los tres Directores durará seis (6) años, podrá ser renovado en forma indefinida y cesarán en el mismo cada dos (2) años, en forma escalonada”. Molina y Reos asumieron en 2019.
La Oficina de Ética Pública está encabezada por un auditor (Gabriel Balsells Miró, UCR) y su mandato se extiende por cinco años. Es designado por el Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Asumió el cargo en 2018 y revalidó en 2023.
El EMOP es conducido por un presidente (Jorge Téves, UCR) y actualmente se realiza el proceso para designar dos nuevos directores vocales (el ex legislador radical Quesada y Agustina Llaver, quien fue delegada del sur de este organismo). El mandato del presidente se vence cuando termina el del Gobernador que lo designó, mientras los otros dos cargos tienen una duración de cuatro años. Todos deben contar con la aprobación del Senado. Teves está en el cargo desde 2020.
A esto, se suman otros cargos vitalicios, como el de la Contaduría General de la Provincia y el de Asesor de Gobierno. Ambos fueron desginados por Alfredo Cornejo en su anterior gestión. Ricardo Canet llegó a la Asesoría de Gobierno, tras los 30 años de César Mosso Giannini; y Paula Allasino en 2019, para reemplazar a José Roberto Caviggia, a cargo de la Contaduría General de la Provincia desde 1.985.
Jueces de la Corte, supremos eternos
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza está integrada por siete ministros, designados por el gobernador de turno. Actualmente hay 4 designados durante periodos radicales y tres propuestos en periodos justicialistas. Los jueces supremos pueden durar en su cargo el tiempo que les plazca, y no hay vara de eficacia ni productividad; a pesar de los sueldos millonarios que poseen.
Pedro Llorente es juez supremo desde 1987, cuando fue propuesto por el primer gobernador de Mendoza desde el retorno a la democracia, Felipe Llaver.
Mario Adaro asumió en 2011, propuesto por el entonces gobernador Celso Jaque. Omar Palermo asumió en 2012 y Julio Ramón Gómez fue nombrado en 2015, ambos por el ex gobernador Francisco Pérez.
Por su parte, José Valerio asumió en 2016, propuesto por Cornejo en su anterior mandato, y dos años más tarde propuso a Dalmiro Garay. Mientras que Teresa Day fue propuesta por el ex gobernador Rodolfo Suarez en 2020.
Ahora, habrá que ver si Cornejo podrá designar un cuarto juez, teniendo en cuenta la edad de Llorente: 82 años; o si la designación de un nuevo supremo pasará para la próxima gestión.
