Esta semana se conocieron nuevos detalles de la iniciativa de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para aumentar la recaudación y equilibrar las cuentas de la entidad.
El Gobierno prepara el proyecto para equilibrar las cuentas de la OSEP.
Foto: Yemel Fil Esta semana se conocieron nuevos detalles de la iniciativa de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) para aumentar la recaudación y equilibrar las cuentas de la entidad.
La propuesta apunta a incrementar los porcentajes de las contribuciones que realiza el sector patronal (Estado provincial y municipios) y los aportes que ingresan por afiliados/as indirectos, con el plan de acercarse al 14% que reciben por estos ítems las obras sociales nacionales. La OSEP obtiene solo el 12% y superaría, si aprueba la iniciativa, el 13%.
Con el plan de solventar los números en rojo de la entidad, que se incrementaron pos pandemia, la OSEP buscó acudir a una de las herramientas que podía llegar a modificar para ampliar la cantidad de fondos que le llegan mensualmente al organismo. En el medio, se barajaron otras posibilidades, pero desde el directorio indicaron que la medida elegida era la posible y, en definitiva, funcionará como un parche al déficit.
Más allá de las críticas sobre la administración de la OSEP y la certeza de que, tras un año sin incrementos salariales para los empleados públicos (2020), la entidad se desfinanció fuertemente, existen algunos problemas de fondo que son estructurales y atañen, en general, a todas las obras sociales provinciales del país.
Hay dos dificultades centrales de financiación que enfrentan estos agentes de salud. Por un lado, el no acceso al Sistema Único de Reintegro (SUR) y, por otro, la responsabilidad de contar con una gran cantidad de afiliados pasivos (ex trabajadores del Estado que se jubilan) que se incrementa año tras año.
SUR es la base con la que la Superintendencia de Servicios de Salud apoya económicamente a las obras sociales nacionales y prepagas de todo el país, y no están incluidas las provinciales como OSEP. Con solicitudes de reintegros, las entidades pueden recuperar lo gastado en enfermedades catastróficas o discapacidad, que se llevan gran parte del pasivo del sector.
Por otra parte, la mayoría de las y los jubilados que trabajaron en el Estado provincial se quedan en OSEP cuando concluyen su periodo laboral y no realizan el cambio a PAMI. El uso de la obra social es significativamente mayor a medida que aumenta la edad.
Frente a la posibilidad de rediscutir la conformación del sistema de salud, la urgencia llevó a tomar distintas medidas. OSEP, en tanto, ya había analizado uno de los proyectos que surgieron desde la oposición, el presentado por el senador Lucas Ilardo.
El legislador solicitó analizar que se incrementara el aporte de los funcionarios políticos y judiciales de salarios más altos para que llegara al 10% (hoy es universalmente el 6%) y se redujera al 4% para los sueldos menores. Sostuvo que se podían recaudar $500 millones más, pero desde OSEP aseguraron que el cálculo daba negativo.
El promedio general de aportes per cápita de la obra social de estatales mendocinos es de $8.000, en un total de casi 400 mil afiliados. El costo anual por enfermedades catastróficas asciende a más de $8.600 millones, y solo 3.594 pacientes son atendidos por este tipo de problemáticas. De esta manera, el déficit mensual por paciente ronda los $192.000.
video