Se terminó la segmentación tarifaria y se pasa a un esquema de subsidio "focalizado" como pretendía el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno pone fin a la segmentación tarifaria y adopta un sistema focalizado
El Gobierno decidió poner fin a la segmentación tarifaria y reemplazarla por un esquema “focalizado”. A partir de ahora, los hogares se dividirán entre quienes pagarán la tarifa completa y quienes mantendrán una bonificación. El corte se fijará en torno al equivalente de tres canastas básicas —unos 3,5 millones de pesos—: quienes estén por encima afrontarán el costo pleno; quienes queden por debajo recibirán un descuento.
Pero más que un cambio administrativo, se trata de una definición ideológica. El Estado abandona la lógica de la universalidad —la idea de que ciertos servicios son derechos garantizados— y adopta un sistema de focalización que reduce de manera significativa el alcance de la ayuda.
Quienes queden dentro del umbral de ingresos recibirán una tarifa con bonificación. Según lo anunciado, el descuento en electricidad rondará el 50% del consumo, aunque con límites estrictos: 150 kWh mensuales en otoño y primavera, y 300 kWh en verano e invierno.
El problema es que hogares, comercios e industrias ya vienen soportando aumentos acumulados muy fuertes. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las facturas de gas natural aumentaron un 799% para los hogares y un 992% para comercios y pymes. En electricidad, los incrementos fueron del 524% y del 570%, respectivamente.
En el Palacio de Hacienda presentaron el nuevo esquema como una mejora en eficiencia. Sin embargo, en el sector energético hay otra lectura. “Dicen que van a simplificar el sistema y al final lo vuelven mucho más enroscado”, señaló un ejecutivo consultado por LPO. El temor no es sólo burocrático: el nuevo mecanismo abre margen para arbitrariedades en la asignación de beneficios.
El trasfondo es la presión del FMI, preocupado por el desvío de la meta fiscal acordada y por el aumento del gasto en subsidios. Con una caja exhausta, Caputo debe mostrar recortes. Pero el superávit —piedra angular del programa económico— hoy luce inestable: la recaudación se desploma y el gasto indexado crece.
La recaudación cae entre 15% y 20% interanual. Las retenciones retrocedieron 40%, y la desaceleración de la actividad erosionó la base imponible de IVA y Ganancias. En total, la pérdida alcanza el 1,5% del PBI, apenas por debajo del superávit logrado en 2024.
Para cumplir con el FMI, el Gobierno necesita recortar al menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado —más de 10 billones de pesos—. Como buena parte del gasto está indexado por ley (jubilaciones mínimas, deuda, asignaciones, prestaciones sociales), el ajuste se concentrará en salarios públicos, subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
El anuncio del coordinador de Energía, Daniel González, fue elocuente: “Vamos a llevar el gasto en subsidios al 0,5% del PBI”, un recorte que implica reducirlos en un 75%.
Fuente: La Política Online
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