El Gobierno nacional oficializó este martes la distribución de las partidas establecidas por el Presupuesto 2026 y definió las reglas para el manejo y control de los fondos, como también la designación de cargos públicos en cada organismo. La medida fue dispuesta a través de decisión administrativa 1/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La norma firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo, también incluye los gastos corrientes -salarios o servicios- y los de capital -obras o compra de equipamiento-. Además, apunta al control del gasto público, establece límites a la cobertura de vacantes y exige certificaciones de disponibilidad de fondos, entre otros aspectos.
Cómo será la distribución de partidas establecidas por el Gobierno nacional
El Ejecutivo estableció que el jefe de Gabinete de Ministros estará facultado para desagregar los créditos a nivel de las partidas más pequeñas, según programas o categorías. Con esto, el Gobierno busca reforzar el control y el seguimiento del destino de los recursos asignados a cada área del Estado, informó Ámbito.
También introdujo límites para la cobertura de vacantes en los distintos organismos. Para avanzar con una designación, cada dependencia deberá acreditar que el cargo se encuentra efectivamente disponible y que cuenta con la partida presupuestaria correspondiente. Además, cualquier movimiento en cargos ejecutivos requerirá la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, bajo la órbita de Federico Sturzenegger, y de la Secretaría de Hacienda, que depende del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo.
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Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Foto: NA
Asimismo, se fijó la obligación de que todos los organismos remitan a Hacienda, de manera trimestral, información sobre la evolución de su planta de personal y las contrataciones vigentes. En los casos en que se propongan incorporaciones o cambios en la estructura organizativa, será necesario fundamentar la medida y presentar un informe detallado de costos y fuentes de financiamiento antes de obtener la autorización correspondiente.
En relación con los gastos vinculados a inteligencia, la disposición indicó que las jurisdicciones que administren este tipo de partidas deberán contar con una autorización expresa de la SIDE para efectuar movimientos de fondos o introducir modificaciones en sus planes presupuestarios.
La normativa señaló también que, para la adquisición de bienes de uso o la ejecución de obras, los organismos estarán obligados a contar previamente con un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.