El Gobierno de Mendoza determinó que la interventora asumirá todas facultades y responsabilidades de al asociación por seis meses.
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención total de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Foto: Yemel FilEl Gobierno de Mendoza dispuso la intervención plena de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén por un plazo de seis meses, según el decreto 504 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida responde a la persistencia de irregularidades detectadas en el funcionamiento de la entidad.
La decisión se tomó luego de lo dispuesto en septiembre de 2025 cuando el Ejecutivo designó a una coadministradora con derecho a veto para actuar junto a la comisión directiva. En ese contexto, Mónica Beatriz Elías, quien ocupaba ese rol, solicitó avanzar hacia una intervención plena ante la continuidad de los problemas institucionales.
El pedido fue respaldado por un dictamen del área de asesoramiento jurídico de la Dirección de Personas Jurídicas y por la Resolución Nº 1106/26 de ese organismo, que recomendó formalmente al Ministerio de Gobierno avanzar con la intervención total de la asociación.
Con el nuevo decreto, Elías fue designada como interventora y asumirá todas las atribuciones, facultades y responsabilidades propias de los órganos de administración y representación de la entidad. Su gestión tendrá como objetivo normalizar el funcionamiento institucional durante el período establecido.
La medida se sustenta en lo dispuesto por la Ley Nº 9577, que regula el control de personas jurídicas en la provincia, y habilita este tipo de intervenciones cuando se detectan irregularidades que comprometen el correcto funcionamiento de las organizaciones civiles.
Entre los motivos para disponer la intervención de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén el año pasado, el Gobierno señaló que en la asamblea de junio de 2022 se desconoció la función del revisor de cuentas y se aprobaron balances sin control, y se alegaron hostigamiento a socios disidentes y sanciones como represalias, "que acompañan actas notariales, audios, videos y notas y solicitan la intervención inmediata de la Asociación".
Sin embargo, la Comisión Directiva rechazó esas acusaciones y sostuvo que el padrón fue aprobado en tiempo y forma y que la asamblea se desarrolló con normalidad bajo presencia de escribano y fiscalización estatal. Además, justificó la falta de cobro de cuotas por dificultades económicas, negaron la persecución interna y aseguraron que los sumarios a bomberos fueron por cuestiones disciplinarias. Luego la denuncia de irregularidades fue ampliada, especialmente respecto al padrón de socios y el manejo económico.