La tensión con los mapuches no es nueva. Años atrás se planteó un enfrentamiento por los recursos petroleros de Vaca Muerta. Mendoza hizo su reclamo formal.
Años atrás el conflicto tuvo como eje los recursos de Vaca Muerta.
GENTILEZALa "tensión" de Mendoza con las comunidades mapuches no es nueva. Si bien la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de cederle a este pueblo originario miles de hectáreas del territorio provincial reavivó un nuevo punto de desencuentro con el Gobierno Nacional; vale recordar el conflicto acaecido años atrás, cuando el gobierno provincial intentó ponerle un freno a los mapuches. En ese momento el interés -como ahora- estaba puesto en el potencial petrolífero de Vaca Muerta.
Fue durante la gestión del entonces gobernador Francisco Pérez (PJ) cuando el malestar con los mapuches tomó la agenda pública. Transcurría el final del año 2014 cuando la tensión por la presión de la comunidad mapuche llevó a paralizar la actividad en yacimientos del sur. En ese momento, referentes del sector aseguraban que el inconveniente radicaba en que los mapuches "copaban yacimientos tras negociaciones directas con los puesteros, fuera de cualquier proceso licitatorio". "Ellos se quedan por la fuerza, no participan de una licitación como cualquier otra empresa", advertían los empresarios del rubro.
Así fue que en una cena que convocó a empresarios de distintos rubros del sector energético, Pérez se despachó: "Todos conocen los problemas que tenemos con los mapuches de Neuquén que se introducen en Mendoza y van a los yacimientos y paralizan, extorsionan", dijo.
En ese mismo encuentro, que fue la primera cena anual de la energía, Francisco Pérez admitió que quería a la comunidad Mapuche lejos de la explotación petrolera en Mendoza y aseguró que se priorizaría a las empresas radicadas en Mendoza en las licitaciones. En ese mismo discurso, reconoció como comunidades originarias de Mendoza a los Huarpes, "pero otra cosa son estos que son proveedores de servicios petroleros", disparó en referencia al grupo sobre el que hoy se mantiene el conflicto.
Esto es un antecedente político frente al conflicto que mantiene hoy el gobierno de Rodolfo Suarez con la Nación y que involucra también el potencial energético de la Provincia.
Es que el INAI otorgó miles de hectáreas a la comunidad autopercibida mapuche en el Sur provincial. Entre los activos que se ceden se encuentran los primeros pozos de crudo no convencional en el lado mendocino del bloque Vaca Muerta, en el sur de Malargüe. En ese lugar se está desarrollando una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF.
La Secretaría de Ambiente advirtió que se trata de “la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza”. En las áreas comprometidas hay cerca de 60 pozos con actividad petrolera.
Una de ellas es en El Sosneado, donde la empresa provincial Emesa opera 23 pozos y la otra es Puesto Rojas, que tiene 30 pozos pertenecientes a la formación Vaca Muerta.
Otro de los puntos clave es el valor turístico de la zona, que engloba a uno de los atractivos más imponentes no sólo del Sur, sino de todo Mendoza: la Laguna de la Niña Encantada. Es que uno de los terrenos otorgados por la Nación se ubica al ingreso a esta reserva.
Este viernes la Provincia presentó sus reclamos formales en contra de la decisión del Gobierno Nacional de la entrega de tierras a comunidades mapuches. Se trata de tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por las cuales se les ceden miles de hectáreas.
Las presentaciones e basan, fundamentalmente, en la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial. "Las tres resoluciones son inconstitucionales desde el punto de vista jurídico", adelantó el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.
Se trata de tres recursos, por cada uno de los expedientes en los que se han dictado las Resoluciones Nº 36, 42 y 47 del INAI. "En los recursos que estamos presentando se plantean todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos", explicó el ministro.
“Las Resoluciones del INAI presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Las Resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, agregó.
La estrategia legal de Mendoza remite al informe sobre antecedentes históricos de las comunidades, incorporado a los expedientes del INAI, en el que se advierte que "adolece de una evidente falta de rigor científico, en particular en su aspecto Histórico". Según el planteo presentado, la medida incurre en "conclusiones absolutamente alejadas de la realidad". "Carece de bibliografía específica que sostenga ninguna de sus conclusiones, pero fundamentalmente no ha demostrado que hubiese mapuches en el sur mendocino. Por el contrario, se ha acompañado con los recursos presentados un Anexo con información histórica y abundante bibliografía en el materia, que da cuenta que esta provincia fue habitada por dos grandes grupos, uno encabezado por los huarpes al norte y los pehuenches y puelches al sur y que no ha habido presencia ancestral de los pueblos mapuches en el sur de la Provincia de Mendoza", destaca la presentación.
Por otra parte, el Ejecutivo provincial advierte que las Resoluciones "desconocen en forma expresa, decisiones adoptadas por Tribunales Provinciales que han evaluado la situación de las comunidades y han concluido en la inexistencia de posesión y/u ocupación actual, tradicional y pública de los terrenos en conflicto". "Un organismo administrativo nacional, interfiere en la autonomía provincial y las decisiones de sus organismos judiciales. Tiene resuelto la Corte Suprema que la resolución de los conflictos sobre ocupación de inmuebles por pueblos originarios, es competencia de la Justicia Provincial. Más grave aún, las sentencias judiciales están mencionadas en los expedientes, pero expresamente se reconoce que no han sido compulsadas en su totalidad, ni se han solicitado e incorporado a las actuaciones administrativas", advierte el escrito presentado en la Nación.
