sin acuerdo

Deuda: a falta de diálogo, la justicia deberá resolver las diferencias políticas

La oposición fue a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Rodolfo Suarez para refinanciar deuda.

Por Cecilia Zabala

La política mendocina demostró -una vez más- los efectos de la falta de diálogo. Y que lo que debería resolverse con política, llega a una justicia que tendría que estar avocada a resolver otro tipo de problemas que le pegan de lleno a la ciudadanía. Ante la dificultad para conciliar de la dirigencia política, varios temas han llegado a la Corte para que ésta resuelva lo que en el ámbito que corresponde naturalmente no se pudo, como sucede con la decisión del intendente de Guaymallén de eliminar la elección de la reina de la Vendimia del departamento, y ahora la del gobernador Rodolfo Suarez de refinanciar deuda sin contar con la aprobación legislativa. Por supuesto, hay argumentos que respaldan sendas decisiones, pero también los que las defenestran.

Así, un nuevo reclamo político llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. A la presentación del Partido Verde que planteó la inconstitucionalidad del roll over de la deuda por decreto (que se explicará párrafos abajos), se sumó la del Frente de Todos en el mismo sentido, que este miércoles brindó una conferencia de prensa explicando el planteo.

Tal como adelantó este martes Sitio Andino, legisladores del PJ y de Protectora presentaron ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia la medida de no innovar para frenar la emisión de títulos por más de 80 millones de dólares por parte del Gobierno Provincial para hacer frente a vencimientos de una deuda en dólares que el ex gobernador Alfredo Cornejo tomó en 2016.

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José Luis Ramón, Germán Gómez y Lucas Ilardo encararon el escrito de la demanda de inconstitucionalidad de la nueva deuda.

José Luis Ramón, Germán Gómez y Lucas Ilardo encararon el escrito de la demanda de inconstitucionalidad de la nueva deuda.

Suarez lo hizo basado en la Ley de Administración Financiera que fue aprobada por la Legislatura en 2014, en la que se faculta al Ejecutivo a reestructurar sus pasivos mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia”.

Sin embargo, desde el principal espacio opositor advierten que "siempre una nueva deuda pasar por la Legislatura". Así, limitan las posibilidades que brinda la Ley de Administración Financiera, entendiendo que "no da respaldo para ir sobre el artículo 41 de la Constitución Provincial", que fija la necesidad de los dos tercios de los votos para ser aprobada, según explicó el senador Lucas Ilardo (PJ), uno de los voceros que explicaron la decisión.

"El procedimiento es totalmente inconstitucional. Es un atropello institucional y pone en juego el control que tiene que tener la Legislatura", agregó.

Además, el diputado Germán Gómez (PJ) advirtió que en caso de no encontrar respuestas favorables a su planteo en la justicia provincial, realizarán la presentación en la Corte Nacional: "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque constituye un atropello a las instituciones. Si avanza en esto el gobernador va a incurrir en un delito", señaló.

En tanto, el diputado José Luis Ramón (Protectora) cuestionó que "desde que asumió Cornejo (en 2015) la oposición fue aprobando los roll over", pero "este año Suarez no envío para su tratamiento el roll over" y advirtió que "las arcas de la Provincia no están en crisis, pero se pretende sobreendeudar a los mendocinos. Las consecuencias de esto lo van a pagar las familias mendocinas con aumento de impuestos", aseguró.

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La historia del polémico roll over

El 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 2502, por el cual el gobernador Rodolfo Suarez prevé la emisión de títulos con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda en dólares. Ante esto, el PJ presentó un pedido de sesión especial para tratar esta norma, que fue rechazada por el oficialismo.

Esto llevó a que el Partido Verde presentará un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Al que se suimó el del PJ. En concreto, desde la oposición se le pide al máximo tribunal de Justicia de la Provincia que dirima si la decisión de Suarez de emitir títulos públicos en pesos por el equivalente a U$S81.5 millones para afrontar los vencimientos del pago de capital del Bono PMM29 es inconstitucional o no. Hay que recordar que el propio fiscal de Estado, Fernando Simón, había puesto reparos a esta decisión (Dictamen 1441/22) y advirtió también que estudiará la inconstitucionalidad del acto.

Desde la oposición entienden que el roll over vulnera los principios constitucionales de división de poderes ya que el artículo 41 de la Constitución Provincial exige los dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas para tomar nueva deuda. Pero el Gobierno considera que no es necesario dadas las atribuciones de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706).

Le ley fue votada con los dos tercios de la Legislatura (NdR: la norma fue sancionada en 2014 con el acompañamiento del PJ y la UCR; sólo el FIT y el PD se opusieron) y nos autoriza a mejorar la deuda. Es sensatez, sentido común absoluto, y es legal”, argumentó Suarez en una charla de fin de año con Medios Andinos.

Suarez entiende que lo dispuesto por decreto es constitucional y anticipó: "Lo vamos a defender en todas las instancias". La estrategia del Gobierno es la colocación de bonos en pesos para luego adquirir dólares al precio oficial y utilizarlos para cancelar la deuda.

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