El senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez, dos de los justicialistas que lideran el pedido de inconstitucionalidad del decreto de Suarez para refinanciar deuda.
Foto: Prensa Frente de TodosLuego de que el oficialismo rechazara el pedido del PJ de una sesión especial para tratar el decreto del gobernador Rodolfo Suarez por el cual se prevé la emisión de títulos con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda, el principal partido de la oposición en alianza con Protectora, presentará este miércoles en la Suprema Corte de Justicia un planteo de inconstitucionalidad de la norma publicada días atrás.
La decisión del Justicialismo se concretará este miércoles y se suma a lo hecho en el mismo sentido por el Partido Verde. En concreto, se le pedirá al máximo tribunal de Justicia de la Provincia que dirima si la decisión de Suarez de emitir títulos públicos en pesos por U$S81.5 millones para afrontar los vencimientos del pago de capital del Bono PMM29 (emitido en 2020 para la refinanciación de la deuda que tomó Alfredo Cornejo en 2016) es inconstitucional o no. El propio fiscal de Estado, Fernando Simón, había puesto reparos a esta decisión (Dictamen 1441/22) y advirtió también que estudiará la inconstitucionalidad del acto.
Desde la oposición entienden que el roll over aprobado por decreto (2502/22) vulnera los principios constitucionales de división de poderes ya que el artículo 41 de la Constitución Provincial exige los dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas para tomar nueva deuda. Pero el Gobierno considera que no es necesario dadas las atribuciones de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706), según expuso en los considerando del decreto (publicado el 29 de diciembre de 2022), así como en el informe conjunto de la Subsecretaría de Finanzas y la Dirección General de Crédito al Sector Público, que el Ejecutivo presentó ante la Fiscalía de Estado.
Desde la Casa de Gobierno entienden que la operatoria se enmarca en lo previsto en el artículo 68 de la 8.706, que faculta al Ejecutivo a reestructurar sus pasivos mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia”.
“Ese artículo fue votado con los dos tercios de la Legislatura (NdR: la norma fue sancionada en 2014 con el acompañamiento del PJ y la UCR; sólo el FIT y el PD se opusieron) y nos autoriza a mejorar la deuda. Es sensatez, sentido común absoluto, y es legal”, argumentó Suarez en una charla de fin de año con Medios Andinos.
Suarez entiende que lo dispuesto por decreto es constitucional y anticipó: "Lo vamos a defender en todas las instancias". La estrategia del Gobierno es la colocación de bonos en pesos para luego adquirir dólares al precio oficial y utilizarlos para cancelar la deuda.
A la presentación de una acción judicial de inconstitucionalidad "para frenar este atropello" ante la Suprema Corte de Justicia hecha por el Partido Verde, se suma la del Partido Justicialista junto a Protectora.
Así, la oposición espera que este tema se dirima en los tribunales, aunque anticipan que deberán llegar a instancias federales. "La reforma que se hizo al funcionamiento de la Corte (de meses atrás, cuando se eliminó el sistema de salas) va en línea a una medida como ésta", sostuvo el diputado José Luis Ramón (de Protectora), uno de los encargados de la redacción del escrito que llevarán a la Justicia con la firma de los legisladores de ambos espacios políticos.
Ramón junto a los legisladores justicialistas Lucas Ilardo y Germán Gómez, son los que integran el grupo de redacción de la demanda. "El Decreto es inconstitucional debido a que la Constitución de la Provincia expresamente prohíbe la emisión pública sin autorización de la Legislatura de la Provincial. Esta emisión de deuda sólo tiene por finalidad pagar los vencimientos de 2023, con la clara intención de tener más recursos en un año electoral, dejando un mayor endeudamiento a los futuros gobiernos de la Provincia", será parte del escrito que elevarán a la Corte local.
"El Decreto 2502/22 del Gobernador se publicó el último día hábil del año para asegurar que los legisladores y las legisladoras de la Provincia no puedan sesionar a efectos de controlar este Decreto inconstitucional, como evidencia el rechazo de la Presidencia de la Cámara de Diputados", agregan desde la oposición.
Sin embargo, ya anticipan que deberán recurrir a instancias nacionales: "No planeamos resolverlo en Mendoza porque la Suprema Corte es afin a los intereses de este Gobierno", señaló Ramón a lo que agregó que se estudia en paralelo una acción penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el gobernador y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien también firmó el decreto.