Este jueves se reúnen los jefes comunales, aunque algunos ya anticiparon su ausencia. Qué pedirán y qué propondrá el Gobierno.
Buena parte de los 18 intendentes se reunirán en el Valle de Uco
Foto: Cristian LozanoTras la sanción de la Ley de “Mayor Eficiencia en la Administración de Recursos y Activos del Estado”, que en uno de sus capítulos incluyó la modificación del cálculo de una porción de la coparticipación, este jueves los intendentes y el Gobierno se reunirán en el Congreso Municipal para discutir una nueva forma de repartir los fondos coparticipables a las 18 comunas.
La cita en Tupungato servirá para que el Ejecutivo conozca de primera mano las posiciones de los jefes comunales (o sus emisarios), más allá de las declaraciones públicas que han hecho en estos meses. En contrapartida, los municipios se interiorizarán de lo que la gestión de Alfredo Cornejo está dispuesta a ceder y en qué puntos no habrá concesiones.
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El enviado de Casa de Gobierno será Natalio Mema. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ha encabezado las charlas previas a esta cumbre. El objetivo, a mediano plazo, es que desde ese ámbito surja un boceto de una nueva ley de coparticipación que contemple aspectos que la actual -que data de 1996- no considera.
No es una empresa fácil. Cada intendente defiende lo que cree justo para su territorio y nadie quiere ceder en lo que afecte a sus intereses. “Tiene que ser una discusión clara, con datos, con elementos contundentes”, anticipó el funcionario provincial.
Hay un antecedente negativo que desalienta el debate: la reforma constitucional de 1994 incluyó una cláusula para que en 1996 se establezca -vía ley convenio- un nuevo sistema de coparticipación federal. A 30 años de ese mandato, no se avanzó ni en una coma. Lo dicho: es muy difícil llegar a un acuerdo cuando habrá damnificados y beneficiados con una reforma en la repartija de fondos.
En el caso de Mendoza, si bien no es necesario -como sí ocurre a nivel nacional- un consenso unánime, son tan diversas las posturas que una modificación que perjudique a uno -o varios- municipios podría provocar una rebelión de los legisladores que respondan a las comunas. Ya ocurrió a menor escala en Diputados, donde los dos oficialistas oriundos de Rivadavia votaron en contra del coeficiente propuesto en la Ley de Eficiencia.
En principio, desde el Gobierno entienden este primer encuentro como un puntapié inicial de lo que será un extenso debate con los departamentos. Asimismo, recalcan que la nueva redacción debe surgir de forma horizontal entre las jurisdicciones, y no vertical desde la Provincia.
El oficialismo está abierto a modificar el criterio mediante el cual se distribuyen los recursos (la Ley vigente solo atiende a cuestiones poblacionales), pero no el porcentaje que coparticipa: el 18,8% de los fondos totales de la Provincia.
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La convocatoria del Ejecutivo incorporó un “cuestionario” para que los Municipios preopinaran sobre lo que -consideran- debe modificarse del sistema vigente.
"Esta discusión presenta una valorable oportunidad para diseñar una legislación más acorde con la realidad actual de Argentina y Mendoza", señaló el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.
El intendente aseguró que "hay casos como el de la Ciudad de Mendoza que presta servicios diariamente a una cantidad de personas que llega hasta triplicar a su población contribuyente, sin que ello sea reconocido en el actual régimen".
En ese sentido, propuso que la nueva Ley de Coparticipación contenga "mayor correspondencia fiscal, incentivos a la responsabilidad fiscal, fondo de emergencias y una transición entre regímenes".
Una de las novedades es que las tres comunas del Sur llevarían una posición común, diferente -claro está- a la que propondrán los departamentos del Gran Mendoza. San Rafael, General Alvear y Malargüe pedirán que a la hora del reparto se tome en cuenta la dispersión poblacional y la extensión geográfica.
“Escucho hablar de eficiencia en el servicio a intendentes que dando la vuelta a la manzana le recolectan los residuos a 150 mil vecinos. Quiero ver cómo hacen eficiencia en donde hay que hacer 80 kilómetros con un camión atmosférico y regar cientos de kilómetros de calles de tierra que ellos no tienen”, graficó el alvearense Alejandro Molero.
El dirigente sureño respondió a la propuesta de buena parte de sus colegas del área metropolitana (Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz, entre ellos), quienes apuntan a que el parámetro a considerar sea el de la eficiencia del gasto, medida entre la planta de personal y la cantidad de ciudadanos (no solo propios, sino también “ajenos”) que se ven beneficiados por los servicios prestados en el territorio.
Otros, como Las Heras, suman el nivel de inversión en infraestructura como un incentivo para recibir más fondos de la coparticipación.
Hay dos que ya anticiparon su faltazo y tiene su lógica: han encarado el conflicto desde la vía judicial, porque sienten que son perjudicados por la estructura actual de distribución. Se trata de Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Ricardo Mansur (Rivadavia).
El primero afirma que su municipio es uno de los que más aporta al producto bruto interno provincial, además de ser uno de los de mayor crecimiento poblacional, pero ello no se ve reflejado al momento de recibir la “copa”.
El dirigente del Este, en tanto, está “en guerra” con el Gobierno porque fueron ignorados sus reclamos para que se deje de aplicar el mayor coeficiente negativo por su participación en las regalías petrolíferas, las cuales dejó de percibir hace casi 15 años cuando modificó su naturaleza hidrocarburífera.
En el peronismo reclaman un incremento del porcentaje a coparticipar, porque -aducen- desde hace décadas la responsabilidad de las comunas excede las competencias primigenias (alumbrado, barrido y limpieza) y se involucran en aquellas que le corresponden a la Provincia (salud, educación, seguridad, etc.).
En el Valle de Uco y el Este hay reparos sobre lo que pueda plantearse y los más chicos tienen una visión similar a la de los sureños: que se contemplen las realidades socioeconómicas y geográficas particulares de cada territorio, y que no se deje de lado el criterio de equilibrio para compensar las diferencias con las grandes urbes. Algunos de ellos no acudirán personalmente y enviarán representantes al evento.