La medida nacional abre un nuevo capítulo para los proyectos de vivienda en la provincia. Qué dijeron desde el Gobierno provincial y el acuerdo "histórico" de un Municipio.
La Nación no financiará más los proyectos Procrear y transferirá los terrenos
El Gobierno de Javier Milei decidió, en sintonía con su plan "motosierra" de desprendimiento de inversiones públicas, cederle a las provincias y a los municipios las viviendas correspondientes a distintos programas nacionales que no han sido terminadas. La situación en la provincia de Mendoza.
El Gobierno decidió el traspaso de los planes de viviendas nacionales, como el PROCREAR, a las provincias y municipios. El objetivo es que puedan avanzar con la finalización de esas obras, la mayoría paralizadas desde fines de 2023.
A través de la Resolución 1199, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, Milei dispuso nuevos mecanismos de compensación y recuperación de fondos, con el fin de "reordenar la obra pública“. La normativa también deroga una serie de planes nacionales destinados a la vivienda, como el Programa Federal Argentina Construye y sus subprogramas como “Habitar la Emergencia” y Argentina Construye Solidaria, el Plan Nacional de Suelo Urbano, que incluía el Programa Nacional de Producción de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo; el Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat; el Programa Casa Propia - Construir Futuro y sus subprogramas como Casa Activa y Habitar Comunidad; los subprograma Casa Propia - Autoconstrucción De Viviendas Participativa Cáritas; el subprograma Habitar Inclusión; el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial; Programa Reconstruir, destinado a la finalización de obras paralizadas; Programa de Regularización Dominial, destinado a la seguridad jurídica de inmuebles financiados por el Estado; el Plan Argentina Hace y las normativas vinculadas al disuelto fondo fiduciario público Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Procrear).
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger explicó la decisión: “Se establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”.
Esta decisión oficializada recientemente en el Boletín Oficial no tiene impacto directo en la provincia de Mendoza, ya que esta medida se adoptó en junio de 2024 a través de un convenio firmado entre el gobernador Alfredo Cornejo y -en ese momento- ministro del Interior, Guillermo Francos.
En ese momento, entre otras cosas, se convino la culminación del 100% de las obras de vivienda que contaban con financiamiento nacional comprometido. Según el detalle que dio Cornejo se trató de "174 viviendas que fueron convenidas por la gestión nacional y el Gobierno de la Provincia anteriores a los actuales y que vamos a terminar". En este caso, el 60% del financiamiento lo dispondrá la Provincia y el resto la Nación.
Asimismo, el Gobierno provincial continuará con la ejecución de seis proyectos de vivienda en curso de los Programas Nacionales de “Casa Propia -Construir Futuro” y “Reconstruir”. En este caso, la Nación aportará unos 2.500.000 millones de pesos y la diferencia lo aportará Mendoza a través de sus arcas.
Sin embargo, desde el Gobierno Provincial admitieron a SITIO ANDINO que no hubo aporte de fondos nacionales y las obras avanzaron con fondos provinciales.
Uno de los traspasos acordados meses atrás fue el de un plan de 350 casas que el gobierno de Alberto Fernández había comprometido al municipio de Tunuyán. Se trata de 350 casas que la Nación no terminó y la Municipalidad continuó con un préstamo de del programa de Infraestructura Municipal.
Además, explicaron desde el Ejecutivo Provincial, el convenio incluyó los programas Casa Propia 1, 2, 3 y 4, que incluían 14 viviendas en Lavalle, 41 en Rivadavia, 9 en Lavalle y 24 en San Martín.
"De ese listado, está concluido el 100% de las de Lavalle y siguen en construcción las 41 de Rivadavia, correspondientes al barrio Brandsen, con un 77% de avance; y con un 87% de avance las del barrio Santa Cecilia, en San Martín", explicaron.
La Municipalidad de Guaymallén firmará en los próximos días el traspaso para reactivar los trabajos a partir de un financiamiento con capitales públicos y de bancos.
La estrategia guaymallina consta del desembolso de recursos privados y públicos, donde se está negociando vincular a la Provincia y a entidades bancarias. Además, los nuevos trabajos supondrán un cambio en los planos de la obra, modificando el plan original, que buscaba poner a disposición 504 viviendas, por un número diferente.
En noviembre de 2024, mediante el Decreto 1018/2024, Javier Milei ordenó la disolución de este plan, acción que fue concretada este lunes con la Resolución 764 del Ministerio de Economía de la Nación, la cual reglamentó la etapa operativa de cierre.
Sin embargo, hace más de un año que las obras están completamente paralizadas, y la zona se ha convertido lentamente en una urbanización “fantasma“, en la que, según vecinos y personal de seguridad de la zona, varias personas ingresaron a robar materiales de construcción e intentaron usurpar el terreno. Aunque, también comentaron que estas situaciones disminuyeron últimamente.
Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, sostuvo que el proyecto avanzó apenas hasta un 16%. Ahora, “se pretende por parte de la Secretaría de Obras de la Nación rescindir el contrato con las empresas constructoras”, explicó. Esto sería básicamente “abandonar la obra”, según entienden en la municipalidad.
Finalmente, Municipio y Nación acordaron la rúbrica de un convenio de transferencia del predio de casi 100 mil metros cuadrados en Buena Nueva, donde se proyecta la construcción de más de 500 viviendas.
Según se especificó desde la Comuna, el Tribunal de Tasaciones de la Nación valoró el predio en una cifra muy inferior a la de otros municipios, como Tres de Febrero (Buenos Aires), donde terrenos de menor tamaño resultan mucho más caros por su localización urbana. En Guaymallén, en cambio, la condición de zona semiurbana y la necesidad de demoliciones redujeron el costo del traspaso.
Además, la Municipalidad consiguió que la transferencia se concrete sin que el municipio deba asumir los gastos de inversión que Procrear había realizado en años anteriores, afectados por la inflación y la suba de costos.
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