La Libertad Avanza logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, tras ceder en puntos clave y sumar apoyos de aliados parlamentarios.
Imputabilidad desde los 14 años: el proyecto obtuvo dictamen
Con apoyos clave de sectores dialoguistas, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad penal. El expediente, que ahora podrá ser tratado en el recinto, reduce de 16 a 14 años la edad mínima para que un adolescente pueda ser juzgado por delitos graves.
La iniciativa original, elaborada por los ministerios de Seguridad y Justicia y presentada en junio de 2023, proponía un límite aún más bajo: 13 años. Sin embargo, La Libertad Avanza y el PRO debieron ceder ante la presión de bloques aliados como la UCR y la Coalición Cívica, que exigieron elevar esa edad y reducir también la pena máxima prevista: de 20 a 15 años de prisión.
El dictamen fue aprobado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Niñez y Adolescencia. Obtuvo 77 firmas de diputados de La Libertad Avanza, PRO, UCR, MID e Innovación Federal. En tanto, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre firmaron en disidencia. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes propios.
Uno de los ejes del acuerdo alcanzado fue el perfil del régimen penal juvenil, que según los legisladores aliados al oficialismo adopta ahora una orientación “resocializadora, educativa y de contención”. En esa línea, se incorporó la figura del “supervisor”, que deberá garantizar el cumplimiento de medidas socioeducativas como la obligatoriedad de continuar los estudios.
“El dictamen final es muy distinto al que envió el Ejecutivo. No recoge los ejes políticos ni ideológicos del Gobierno”, afirmó el radical Fernando Carbajal, quien fue juez en Formosa y uno de los impulsores de los cambios. “Solo se podrá imponer prisión efectiva en casos de delitos extremadamente graves, con penas mayores a 10 años”, explicó.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli respaldó el dictamen, pero advirtió que no se podrá detener a ningún menor hasta que existan centros habilitados para su alojamiento. También pidió que se garantice un enfoque integral para adolescentes en situación de vulnerabilidad. “Hoy el Estado no tiene herramientas: un chico de 14 o 15 años comete un delito y vuelve a una casa donde no hay nadie”, señaló.
Las objeciones al proyecto no solo vinieron desde la oposición más dura. Legisladores del bloque Unión por la Patria denunciaron que no hay precisiones sobre los costos que implicará su aplicación. “¿Cómo van a hacer Nación, provincias y municipios para sostener los dispositivos necesarios?”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque, quien además pidió postergar el tratamiento para ampliar el debate.
También la diputada Mónica Macha (UxP) cuestionó el enfoque del Gobierno: “Cuando ingresan en dinámicas delictivas complejas, lo único que les ofrecemos es cárcel. Esta medida no busca soluciones, busca castigo”.
En el Frente de Izquierda directamente rechazaron la reforma. “Es una bomba de humo que no resuelve nada”, dijo el bonaerense Christian Castillo. Y agregó: “La evidencia demuestra que bajar la edad de punibilidad no disminuye la cantidad de delitos”.
El dictamen se firmó en medio de movimientos políticos que podrían haberlo puesto en riesgo. El mismo día, Patricia Bullrich formalizó su salida del PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, aunque desde el macrismo aseguraron que eso no afectó las negociaciones legislativas. También se reconfiguró Unión por la Patria: el Frente Renovador retiró a sus representantes de las comisiones para evitar que sus firmas fueran interpretadas como rechazo a la baja de edad.
El Gobierno celebró el resultado como una victoria política. “Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes”, declaró el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. “Si sos lo suficientemente grande para matar o violar, sos lo suficientemente grande para ir preso”.
El proyecto plantea un plazo de 180 días para su implementación. Aún no hay fecha definida para el debate en el recinto.
Fuente: con información de Clarín y Ámbito
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