El máximo tribunal de justicia de la Provincia de Mendoza dio ingreso a un planteo de inconstitucionalidad sobre la ley que modifica la Autonomía Municipal.
Los abogados Carlos Lombardi y Carolina Jacky impulsan el pedido de inconstitucionalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza dio ingreso a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Civil Progreso Mendoza contra la ley que impulsa la reforma de la Constitución para incorporar la Autonomía Municipal. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial deberá pronunciarse sobre la validez de la iniciativa aprobada por la Legislatura.
La presentación fue promovida por la Asociación Civil Progreso Mendoza con el patrocinio del abogado Carlos Lombardi. Además del planteo de fondo, la entidad solicitó una medida cautelar que también será analizada por el tribunal en pleno, debido a que entienden que debe resolverse si es constitucional o no, antes de someter a la población a una votación por los cambios.
De esta manera, la discusión sobre la Autonomía Municipal suma ahora un nuevo capítulo en el ámbito judicial, mientras el Gobierno de Mendoza impulsa la reforma constitucional aprobada por la Legislatura y los demandantes sostienen que el mecanismo elegido vulnera la Constitución vigente.
La acción judicial cuestiona la ley sancionada por la Legislatura de Mendoza que declaró la necesidad de reformar la Constitución de la Provincia de Mendoza para incorporar la Autonomía Municipal, una modificación que habilitaría a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas y ampliar sus facultades institucionales.
Con el ingreso formal de la demanda, será el plenario de la Suprema Corte el encargado de resolver tanto la acción de inconstitucionalidad como la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Progreso Mendoza (sobre la votación de la ciudadanía acerca de esto en las próximas elecciones).
El fallo determinará si el proceso de reforma impulsado por el Gobierno de Mendoza se ajusta o no a la Constitución provincial.
La decisión que adopte el máximo tribunal tendrá un fuerte impacto institucional, ya que definirá la continuidad del proceso de reforma constitucional. En caso de que alguna de las partes no comparta el resultado, aún quedará abierta la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
