El diputado José Luis Ramón hizo un planteo de inconstitucionalidad por la elección convocada para este domingo. Qué dice y qué puede pasar.
San Rafael convocó a elecciones para concejales y convencionales para el próximo 22 de febrero: qué pasará.
Marcelo PiaserLa elección de convencionales constituyentes en San Rafael, prevista para este domingo junto a la elección de concejales que se realizará en otros cinco municipios; corre riego de suspenderse por un planteo sobre la legalidad de la convocatoria.
El diputado José Luis Ramón cuestionó la convocatoria a elección de convencionales junto a la elección de concejales en San Rafael, prevista para el 22 de febrero.
Por esto, hoy a las 18.30 se realizará una audiencia de conciliación en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza entre la Municipalidad de San Rafael y el diputado provincial José Luis Ramón.
El conflicto se originó tras la decisión del Ejecutivo municipal de incluir en el calendario electoral la elección de 24 convencionales constituyentes con el objetivo de avanzar en la redacción de una Carta Orgánica propia para el departamento.
Ramón cuestionó esa convocatoria por considerar que no se ajusta al marco constitucional y solicitó, además, una medida cautelar para suspender la categoría de convencionales hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El referente de Protectora argumentó que para elegir convencionales, previamente debía llamarse a plebiscito. Además, la norma debía aprobarse por 2/3 del Concejo, tal como establece la Constitución Provincial, y no por mayoría simple, como sucedió.
Desde el Municipio, en cambio, defendieron la legalidad de la convocatoria y sostuvieron que la autonomía municipal —reconocida por la Constitución Nacional— habilita a los departamentos a dictar su propia Carta Orgánica. Además, remarcaron que el proceso electoral ya está en marcha, con cronograma definido y logística organizada, por lo que una suspensión implicaría consecuencias institucionales y económicas.
En paralelo, este martes se dio a conocer el dictamen de la Fiscalía de Estado, en la que se le dio la razón al planteo de Ramón, aunque no es vinculante, pero si de fuerte peso político. Además, el fiscal Fernando Simón agrega que la provincia está incumpliendo desde hace 30 años el mandato de la reforma constitucional de 1.994 en la que se establece que las provincias deben consagrar la autonomía municipal.
Por un lado el denunciante, José Luis Ramón, y por el otro, el municipio como organizador del comicio van a presentarse ante el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay y algunos ministros con el fin de llegar a un acuerdo.
La segunda opción —más improbable— es que se suspendan las elecciones y se acuerde un nuevo cronograma, con consulta popular como paso previo a que la ciudadanía vaya a las urnas.
La audiencia convocada por la Corte busca arribar a un acuerdo entre las partes antes de que el tribunal adopte una decisión definitiva sobre la medida cautelar.
Si no hay entendimiento, el máximo tribunal provincial deberá resolver si mantiene la elección de convencionales tal como está prevista o si la suspende hasta tanto se analice el planteo de inconstitucionalidad.
El punto central es si la categoría de convencionales puede votarse en esta instancia o si corresponde postergar ese tramo del proceso electoral, manteniendo el resto de los comicios municipales.
