Las elecciones departamentales anticipan baja participación. Multas bajas y justificaciones simples vuelven casi simbólica la obligatoriedad del voto.
El próximo 22 de febrero, seis comunas de Mendoza volverán a las urnas.
El próximo 22 de febrero, Mendoza tendrá su único fin de semana electoral en este año con las elecciones de Concejo Deliberante en seis departamentos de la provincia. La duda que recorre a la política es cuál será el nivel de participación ciudadana en unas elecciones que se realizarán en un domingo de febrero y con escasa difusión y menos interés aún.
Prácticamente todos los analistas sociales de Mendoza coinciden en que la participación ciudadana será histórica, pero por lo baja y el desinterés que recogen en los sondeos de las últimas jornadas encargados por alguno de los intendentes que desdoblaron las elecciones. Coinciden en que la participación rondará entre el 40 y 50 % del padrón en los departamentos más grandes y quizás sea más importante en los municipios más pequeños en cantidad de votantes.
Más allá del desinterés por la política cada vez más marcado de los ciudadanos, se suma que, a pesar de la obligatoriedad del voto, las consecuencias de no cumplir con ese deber cívico resultan, en la práctica, mínimas. Así lo establece el propio régimen electoral vigente, que contempla un sistema de justificaciones accesibles y sanciones económicas de muy bajo impacto, un esquema que vuelve cada vez más difusa la frontera entre la obligatoriedad formal y la decisión individual de concurrir, o no, a las urnas.
La legislación electoral prevé que los ciudadanos que no puedan votar cuentan con diversas instancias para justificar su inasistencia. Una de las causales más habituales es encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de la elección. En ese caso, basta con presentarse en una comisaría cercana con el DNI y solicitar una constancia, que luego debe ser presentada ante la Secretaría Electoral correspondiente dentro de los 60 días posteriores al comicio.
También se admite la imposibilidad de votar por razones de salud o fuerza mayor. La normativa acepta certificados médicos emitidos tanto por organismos públicos como por profesionales privados matriculados, siempre que la documentación sea presentada en el mismo plazo ante la Justicia Federal con competencia electoral. Incluso el trabajo, que no constituye una causal automática de justificación, queda relativizado por la obligación legal de los empleadores de otorgar licencia para votar sin descuentos ni sanciones.
Cuando el elector no vota y tampoco justifica su ausencia, la ley establece sanciones administrativas. Sin embargo, el alcance real de esas penalidades es limitado. La multa económica prevista oscila entre los 50 y los 500 pesos, montos que, en el contexto económico actual, resultan prácticamente insignificantes. A ello se suma la inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años y la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales durante un año en caso de no abonar la multa, una restricción que rara (o ninguna) vez se aplica de manera estricta.
Esta combinación de sanciones leves y mecanismos de justificación simples alimenta una percepción extendida: no ir a votar tiene, en los hechos, un costo muy bajo. La ecuación se vuelve todavía más llamativa cuando se la contrasta con el costo que implica para el Estado la organización de una elección. Distintas estimaciones ubican el gasto operativo por elector en torno a los 5.000 pesos, considerando logística, autoridades de mesa, seguridad e impresión de materiales. Frente a ese dato, la multa máxima por no votar representa apenas una fracción mínima del gasto público asociado al acto electoral.
El contexto de caída en la participación electoral refuerza este debate. En las últimas elecciones legislativas, Mendoza registró una asistencia del 71,5%, mientras que a nivel nacional el promedio fue del 66%, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Históricamente, la provincia había sostenido porcentajes superiores al 75%, con picos que superaron el 80%, pero desde 2017 se observa una tendencia descendente, especialmente en comicios de medio término.
Especialistas en política y sociología electoral señalan que este fenómeno no puede explicarse únicamente por el monto de las multas. Cambios culturales, desgaste de la representación política, menor identificación partidaria y una relación más distante entre ciudadanía e instituciones aparecen como factores centrales. Sin embargo, el bajo impacto de las sanciones contribuye a consolidar la idea de que la obligatoriedad del voto es más declarativa que efectiva.
El régimen vigente plantea una paradoja: el voto es obligatorio por ley, pero la penalización por incumplir esa obligación es tan reducida que difícilmente funcione como un incentivo real para la participación. En un escenario de apatía creciente y cuestionamientos al sistema político, la discusión sobre si este esquema cumple su objetivo o se ha vuelto meramente simbólico permanece abierta.
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