La Cámara de Diputados de Mendoza debate un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para deudores alimentarios morosos, sumando restricciones vinculadas a trámites administrativos y ciertas actividades sociales.
3 de abril de 2026
Diputados comenzó a tratar una propuesta oficialista, aunque también hay iniciativas opositoras. El objetivo es endurecer las medidas para incumplidores. Los detalles.
Buscan unificar criterios para sancionar a deudores alimentarios morosos.
Foto: Imagen generada por Inteligencia ArtificialLa Cámara de Diputados de Mendoza debate un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para deudores alimentarios morosos, sumando restricciones vinculadas a trámites administrativos y ciertas actividades sociales.
La iniciativa, impulsada por la diputada Giuliana Díaz (UCR), comenzó a analizarse esta semana en la comisión de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que ella misma preside. El texto coincide con otro similar que ingresó días atrás, pero desde la oposición. Gustavo Perret (PJ) envió el expediente que —como el de su colega oficialista— pretende modificar la Ley Provincial 6.879.
En ese ámbito, se invitó a la directora de Género y Diversidad de la Suprema Corte, Pamela Cuartara, quien aportó la mirada del sistema judicial en estos casos encuadrados dentro de la violencia económica.
No son los primeros proyectos que se presentan en Mendoza en este sentido. Claudia Najul (UCR) presentó una propuesta para prohibirle el ingreso a eventos deportivos y culturales a los deudores. En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) también impulsó el aumento de las restricciones. Sin embargo, ninguno avanzó. No se descarta una unificación de todos esos proyectos a la hora de enviar una propuesta al recinto.
La propuesta de Díaz plantea la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 6.879, que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el objetivo de reforzar las consecuencias del incumplimiento y ampliar el alcance de las sanciones.
A diferencia de la normativa vigente —sancionada en 2001 y modificada en 2011— que se centra principalmente en restricciones vinculadas al Estado, la propuesta avanza sobre la vida cotidiana de los deudores, con medidas que buscan generar un mayor impacto. Entre ellas:
Cabe aclarar que este tipo de sanciones ya han sido aplicadas en casos particulares por la Justicia de Familia, aunque sin un criterio uniforme, que es precisamente lo que busca corregir el proyecto.
En la misma línea, el diputado Perret volvió a presentar un proyecto que también pretende modficiar la 6.879, con el objetivo de “fortalecer las herramientas institucionales” e “incentivar la regularización de las deudas”.
La propuesta incorpora nuevas restricciones de aplicación automática para quienes figuren en el registro. Entre ellas:
El proyecto también plantea garantizar mecanismos ágiles para actualizar el registro y levantar las sanciones una vez regularizada la deuda.
"Todas estas herramientas buscan fortalecer el carácter disuasivo del registro de deudores promoviendo que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sea la regla y no la excepción", fundamentó el legislador. A su vez, remarcó que busca "reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes", a través de estos instrumentos.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición coinciden en el diagnóstico: el sistema vigente no logra generar un efecto disuasivo suficiente frente al incumplimiento.
La ley actual ya contempla restricciones como la imposibilidad de acceder a cargos públicos, contratar con el Estado o recibir beneficios oficiales, además de la inclusión en el registro público. Sin embargo, los proyectos en discusión apuntan a extender el impacto de las sanciones a la vida cotidiana de los deudores.
Durante el tratamiento en comisión, Cuartara valoró la intención de actualizar la normativa y advirtió que “si se llega a la inscripción al Registro de Deudores es porque no se ha cumplido antes”, lo que demuestra que esa instancia, por sí sola, puede resultar insuficiente.
En ese marco, también se mencionó la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires como referencia, donde rigen medidas más amplias y con mayor alcance, que podrían ser tomadas como modelo.
Por ahora, el expediente continuará en estudio y podría incorporar modificaciones. En ese proceso, no se descarta que las distintas iniciativas presentadas sobre el tema terminen integrándose en un único proyecto más amplio.
De acuerdo con datos del Poder Judicial de Mendoza, hasta diciembre pasado, contabilizan más de 2.000 expedientes en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Además, existen casos con más de dos décadas de antigüedad que continúan formando parte del listado.
A su vez, según datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, hacia fines del 2025 se registraron más de 1.600 personas inscriptas, con un total de más de 2.000 inscripciones acumuladas, considerando también los casos de reincidencia, indicó el diputado.
Estas cifras evidencian que "aproximadamente el 20 % de las inscripciones corresponden a reincidencias", lo que demuestra que se reiteran los incumplimientos aun después de ingresar al registro, "lo que pone en evidencia limitaciones en la eficacia de las sanciones actualmente vigentes", señaló.
El Registro de Deudores Alimentarios es una herramienta para intentar garantizar que los niños y adolescentes reciban el sostenimiento económico que les corresponde por ley. El documento disponible en la página oficial del Poder Judicial reúne a quienes poseen deudas firmes, certificadas por los juzgados intervinientes. La actualización periódica del listado permite dar seguimiento a los procesos judiciales.
Las primeras acciones para que la persona regularice su deuda suele ser el embargo, ya sea de haberes -cuando el deudor se encuentra en relación de dependencia- o de bienes registrables, como automotores, motocicletas o inmuebles. En caso de trabajar de manera informal o no poseer bienes, el proceso se complejiza y las alternativas para asegurar el pago se reducen.
El Código Civil, en sus artículos 553 y 670, autoriza a los jueces a adoptar otras medidas para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Entre las más habituales están la inserción en el Registro de Deudores Alimentarios, la imposición de multas económicas, la prohibición de salir del país y la prohibición de renovar la licencia de conducir, excepto en situaciones justificadas por motivos laborales.
Otras sanciones dependen de la creatividad judicial y de lo que la parte actora pueda aportar respecto de la vida laboral, profesional o social del deudor como, por ejemplo, la prohibición de ingresar a un club de fútbol del cual la persona es socia o simpatizante.
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