La ministra Mercedes Rus presentó un proyecto para endurecer las reglas penitenciarias. La iniciativa prevé sanciones para visitas que ingresen objetos prohibidos.
El proyecto incorpora nuevas faltas graves para los internos y sanciones para las visitas que intenten ingresar celulares, drogas o armas a las cárceles mendocinas.
El Gobierno de Mendoza busca modificar las reglas dentro de las cárceles provinciales con un proyecto que endurece las sanciones por infracciones y refuerza los controles. La iniciativa, presentada por la ministra Mercedes Rus en la Cámara de Diputados de Mendoza, establece nuevas faltas graves para las personas privadas de libertad, incorpora sanciones para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos y formaliza el régimen de Muy Alto Perfil (MAP).
La inciativa tiene lugar un día después del dramático episodio en la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde dos presos considerados peligrosos tomaron de rehén a un penitenciario. Durante la toma, los internos golpearon al trabajador, lo sometieron mediante ataduras y utilizaron su celular para comunicarse con sus familiares.
Uno de los principales cambios que promueve el ministerio de Seguridad y Justicia sobre la Ley 8465, apunta a la tenencia, el uso y la comercialización de celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados dentro de los establecimientos penitenciarios. También se contemplan sanciones por conexiones clandestinas a internet y electricidad, comunicaciones ilegales con el exterior y difusión de imágenes o videos sin autorización.
El proyecto, además, prohíbe expresamente que los internos participen en transmisiones por streaming, redes sociales y otros medios de comunicación, salvo excepciones autorizadas para actividades educativas o laborales.
Entre las principales medidas previstas se encuentran:
Rus sostuvo que la iniciativa busca profundizar las medidas contra el comercio ilegal dentro de las cárceles, incluido el tráfico de drogas. En ese sentido, indicó que el proyecto contempla sanciones vinculadas con estas prácticas tanto para las visitas como dentro del propio Servicio Penitenciario.
Otro de los ejes de la reforma es la incorporación legal del régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en el complejo penitenciario Almafuerte II. Está destinado a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo por su capacidad de ejercer violencia, intentar fugas, influir sobre otros internos o mantener vínculos con organizaciones criminales.
El sistema contempla aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados. Con la modificación, se establecerán criterios objetivos para clasificar a los internos, entre ellos la participación en motines, la toma de rehenes, las amenazas al personal penitenciario y las comunicaciones clandestinas.
Además, el proyecto prevé fortalecer las herramientas de información e inteligencia penitenciaria para anticipar delitos, prevenir hechos de violencia y detectar actividades criminales organizadas que puedan desarrollarse desde el encierro.
Durante la presentación, Mercedes Rus también expuso, junto a la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, una propuesta para recuperar los dispositivos electrónicos retirados de las cárceles y darles un nuevo uso mediante programas educativos y de minería urbana.
Los celulares y equipos que puedan reacondicionarse serán destinados a escuelas técnicas y otras iniciativas educativas. En cambio, aquellos que no estén en condiciones de volver a utilizarse serán evaluados para recuperar sus componentes y materiales aprovechables como materia prima.
La propuesta contempla la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús y de programas de economía circular impulsados por la cartera de Ambiente.
Por último, los residuos que no puedan recuperarse serán trasladados al Centro de Disposición Final autorizado de El Borbollón, con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y la trazabilidad de los materiales descartados. De esta manera, el proyecto combina cambios en el régimen disciplinario penitenciario con una estrategia para gestionar los dispositivos electrónicos que se retiran de las cárceles.
