El proyecto propone ampliar plazos para imputar y ordenar audiencias judiciales. La medida busca mejorar la respuesta penal en delitos cometidos en flagrancia.
Qué es la flagrancia y qué cambios propone la reforma en Mendoza.
Foto: Web / Ilustrativa.El Gobierno de Mendoza impulsa cambios en el Código Procesal Penal para fortalecer el tratamiento de los delitos en flagrancia. La discusión sobre la seguridad pública volvió al centro del debate luego del caso de Las Heras que causó conmoción esta semana.
Ante legisladores, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió la reforma que busca agilizar los procesos en hechos donde una persona es sorprendida mientras comete un delito o inmediatamente después. La iniciativa apunta a modificar el régimen actual para lograr investigaciones más rápidas, mejorar la resolución de causas penales y evitar que casos claros se diluyan en trámites burocráticos o en plazos que resultan insuficientes para reunir pruebas.
Durante su exposición, Rus explicó que el instituto de flagrancia ya está contemplado en la legislación vigente, pero en la práctica casi no se aplica. Según la funcionaria, esto se debe principalmente a los plazos procesales demasiado cortos, que dificultan el trabajo de fiscales y jueces.
Para fundamentar la urgencia de la reforma, Rus puso sobre la mesa lo ocurrido en Las Heras. En ese caso, un presunto ladrón murió luego de ser atropellado por un vecino que lo perseguía tras el robo de una bicicleta. La ministra describió el episodio como un caso doloroso que expone la complejidad de estas situaciones.
“Se trata de un caso sensible, con dos víctimas y que lamentamos, porque además se llevó una vida”, expresó.
La titular de Seguridad y Justicia sostuvo que este tipo de hechos demuestra la necesidad de que el sistema judicial pueda actuar con mayor rapidez cuando existen indicios claros de delito. Incluso señaló que la persona fallecida ya había sido aprehendida previamente en flagrancia en otras causas.
“Quizás, si hubiéramos tenido esta ley de flagrancia que estamos tratando ahora, ya habría estado condenado”, afirmó.
Uno de los puntos centrales del proyecto es ampliar el plazo de imputación con el que cuentan los fiscales. Actualmente, el Código Procesal Penal de Mendoza establece que el fiscal tiene un día hábil desde la aprehensión para formular la imputación, un lapso que —según explicó Rus— muchas veces resulta insuficiente para reunir pruebas básicas, testimonios o informes periciales.
La reforma propone extender ese plazo a diez días hábiles, con la posibilidad de una prórroga de otros diez días mediante un decreto fundado cuando sea necesario producir más evidencia. De esta manera, se busca fortalecer la investigación penal sin perder la rapidez que caracteriza a los procedimientos de flagrancia.
Además, el proyecto también apunta a ordenar el tratamiento de las medidas de coerción, concentrándolas en una misma audiencia para evitar demoras procesales y dar mayor claridad a las decisiones judiciales.
Rus también aclaró que la flagrancia es un concepto más amplio de lo que muchas veces se interpreta. No se limita únicamente al momento exacto en que se comete el delito, sino que abarca distintas situaciones que permiten presumir la autoría inmediata del hecho. Según el Código Procesal Penal, se considera flagrante cuando el delito es advertido:
La flagrancia es una situación en la que una persona es sorprendida mientras comete un delito, al intentar cometerlo o inmediatamente después. También se considera flagrancia cuando el sospechoso es perseguido por la víctima o la policía, o cuando posee objetos que evidencian que acaba de cometer el hecho.
La reforma impulsada por el Gobierno de Mendoza busca modificar el Código Procesal Penal para agilizar los procesos judiciales en delitos cometidos en flagrancia. Entre los principales cambios se propone ampliar el plazo de imputación para los fiscales y ordenar las medidas de coerción en una misma audiencia, con el objetivo de acelerar la respuesta penal.
Según la ministra Mercedes Rus, el sistema actual tiene plazos muy cortos para reunir pruebas, lo que dificulta aplicar el procedimiento de flagrancia. La reforma apunta a mejorar la investigación penal, permitir condenas más rápidas en delitos evidentes y fortalecer la respuesta judicial ante hechos ocurridos en el momento o inmediatamente después.
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