Según informó el Poder Judicial de Mendoza a través de un comunicado oficial, el magistrado basó su decisión en informes del Servicio Penitenciario y en inspecciones presenciales realizadas en distintos pabellones del penal. Entre los principales fundamentos del rechazo, el juez sostuvo que el hábeas corpus correctivo “solo procede frente a agravios actuales, concretos y claramente acreditados”, y no ante denuncias genéricas o sin pruebas específicas.
Durante las recorridas en el complejo Almafuerte I, la Justicia constató que el suministro de agua fría y caliente funciona con normalidad. En el acta judicial se indicó que “todos los surtidores de los módulos funcionan” y que se verificó la salida de agua caliente en las duchas, además del correcto funcionamiento de los termotanques y la presión de agua.
El fallo también señala que existen planes de contingencia ante cortes de suministro, que la calefacción está operativa en los distintos módulos y que los internos reciben elementos de higiene de manera mensual.
Respecto a la atención sanitaria, el magistrado verificó la existencia de guardias médicas presenciales de 8 a 20 y atención telefónica durante la noche. Además, se informó que las visitas pasaron de ser quincenales a semanales y que se implementaron mecanismos alternativos de comunicación tras el retiro de celulares.
Otro de los puntos considerados fue la situación de sobrepoblación. En ese sentido, el juez indicó que el Servicio Penitenciario se encuentra ejecutando obras e inversiones para afrontar esa problemática.
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Según el Juez, "no se acreditó un agravamiento ilegítimo general".
Foto: Yemel Fil
La decisión de la Justicia sobre la denuncia colectiva
Desde el Poder Judicial explicaron que varios de los reclamos planteados en el hábeas corpus ya habían sido analizados en expedientes anteriores, especialmente los vinculados al agua y la alimentación. Tras los informes y las inspecciones realizadas, la Justicia entendió que esos inconvenientes fueron “superados o normalizados”.
Además, durante entrevistas con internos surgieron reclamos vinculados a colchones, calefacción, recreación y falta de agua caliente en algunos sectores. Sin embargo, el magistrado consideró que las declaraciones fueron “heterogéneas” y que no se comprobó una situación uniforme y generalizada que justificara la admisión del recurso colectivo.
Pese al rechazo del hábeas corpus, Flamant solicitó al Servicio Penitenciario garantizar la provisión de colchones y mantas cuando haya faltantes, ampliar la cantidad de camastros y reforzar las posibilidades de acceso a la educación para las personas privadas de libertad.