Desde 2015 la provincia de Mendoza registró más de 80 femicidios. El colectivo Ni Una Menos recordó a cada una de las víctimas y advirtió sobre el retroceso de las políticas públicas.
El mensaje volvió a poner el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y acompañamiento
Foto: Cristian Lozano
Desde 2015, la provincia de Mendoza registró más de 80 femicidios hasta julio de 2026. La cifra refleja la persistencia de la violencia de género y que mantiene vigente el reclamo social por políticas de prevención, protección y acceso a la justicia.
Hace once años, las calles mendocinas se colmaron de voces bajo la consigna Ni Una Menos, un movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, más de una década después, la repetición de estos crímenes continúa generando indignación y mantiene activos los reclamos en toda la provincia.
En ese marco, el colectivo Ni Una Menos difundió una imagen con los rostros de todas las víctimas de femicidio registradas en Mendoza desde 2015, con el objetivo de mantener viva su memoria y visibilizar el impacto de la violencia machista en la provincia.
A través de un comunicado, la organización remarcó que "en Argentina, una mujer es víctima de femicidio cada 31 horas" y sostuvo que "detrás de esa cifra hay vidas arrebatadas, familias atravesadas por el dolor y proyectos que la violencia machista interrumpió".
Desde el colectivo también expresaron su preocupación por la desarticulación de las políticas públicas destinadas a prevenir, asistir y erradicar las violencias por motivos de género. Entre las medidas cuestionadas se encuentra la reducción de personal de la Línea 144, servicio de atención y asesoramiento para personas en situación de violencia de género, que habría sufrido una disminución cercana al 45% de su planta de trabajadores.
Además el acceso al Programa Acompañar también entra en discusión ya que actualmente exige la presentación de una denuncia policial o judicial previa, una condición que, según organizaciones especializadas, puede representar una barrera para quienes necesitan asistencia urgente.
Durante estos once años, cada movilización volvió a poner en primer plano los nombres y los rostros de las mujeres asesinadas. Madres, hijas, hermanas, amigas y compañeras fueron recordadas en cada marcha como una forma de sostener viva su memoria y renovar el pedido de justicia.
En el cierre del comunicado, Ni Una Menos expresó: "Cada nombre de este registro nos recuerda que no son estadísticas. Son mujeres que hoy deberían estar vivas. Las nombramos porque nos negamos al olvido. Las nombramos porque seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia".
El mensaje volvió a poner el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y acompañamiento frente a la violencia por motivos de género, en un contexto en el que los femicidios continúan dejando una profunda huella en la sociedad mendocina.
En Mendoza, los datos oficiales también reflejan una situación preocupante. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, los delitos contra la integridad sexual aumentaron durante 2025 en comparación con el año anterior.
Los registros indican que los hechos denunciados pasaron de 2.868 casos en 2024 a 3.257 en 2025, lo que representa un incremento de 389 denuncias. Dentro de esa categoría, los abusos sexuales con acceso carnal también mostraron una suba, pasando de 441 casos a 470.
Por su parte, los denominados otros delitos contra la integridad sexual registraron uno de los mayores aumentos, con un crecimiento de 2.427 a 2.787 hechos denunciados. La única categoría que mostró una leve disminución fue el abuso sexual simple, que pasó de 1.950 denuncias en 2024 a 1.914 durante este año.
A este escenario se suma otro punto de tensión: la intención manifestada por integrantes del Gobierno nacional de impulsar la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal. La propuesta generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones feministas, especialistas y organismos de derechos humanos, que sostienen que esta figura jurídica permite visibilizar y sancionar de manera específica los asesinatos de mujeres cometidos por razones de género.
Quienes rechazan la iniciativa advierten que eliminar esta figura implicaría desconocer las desigualdades estructurales que atraviesan las mujeres y podría representar un retroceso en materia de reconocimiento y abordaje de la violencia de género.
En este contexto, el debate vuelve a instalar una discusión: cómo responde el Estado frente a una problemática que, pese al paso de los años, continúa dejando víctimas fatales, familias destruidas y cientos de niñas, niños y adolescentes atravesados por las consecuencias de la violencia machista.
video
