Un caso de corrupción causa revuelo en la Municipalidad de La Paz. La investigación surgió por una denuncia del intendente Fernando Ubieta.
Escándalo en la Municipalidad de La Paz por un caso de corrupción.
La justicia provincial investiga un grave caso de corrupción en la Municipalidad de La Paz y el fiscal a cargo de la causa decidió imputar a una empleada de Hacienda de la comuna junto a su pareja, quienes están señalados por una defraudación que superaría los $25 millones.
Se trata de Luciana Valeria Díaz, quien fue separada de su cargo luego de detectarse una serie de presuntas maniobras fraudulentas donde, según la hipótesis fiscal, falsificaba la firma del intendente Fernando Ubieta, para realizar compras con proveedores falsos y luego cobrar distintos montos de dinero.
Quien realizaba el cobro de esa plata era, nada más ni nada menos, que su pareja, Juan Carlos Alcaraz, quien también fue imputado.
Según fuentes policiales, la causa surgió luego de que el propio intendente Fernando Ubieta, advirtiera la existencia de un cheque que, supuestamente, había firmado él por un monto de $2 millones.
El documento tenía fecha de enero, cuando Ubieta estaba de licencia, por lo que al intendente le sorprendió esto y pidió que se investigue el origen y destino de ese pago.
A partir de allí se destapó un terrible caso de corrupción, que rápidamente fue denunciado en la justicia, quedando en manos del fiscal Héctor Rosas.
El magistrado, con su equipo de trabajo, detectó hasta ahora otros 14 cheques con firmas falsas del intendente, por un monto que supera los $25 millones.
La investigación fue rápida y se llegó a la conclusión, a través de distintos documentos de la Comuna y también del banco donde se realizaban los cobros, que quien firmaba esos cheques era una empleada de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de La Paz.
Las sospechas se incrementaron cuando, además, se confirmó que Díaz es una de las únicas empleadas que, en horas de la tarde, quedaba sola en dicha área debido a que vive en La Paz, no como el resto de sus compañeros que están domiciliados en las comunas cercanas y por ende se retiran pasado el mediodía.
Así se determinó que existía un mecanismo sistemático para iniciar expedientes con órdenes de compras con proveedores ficticios. Para ello se falsificaba la firma del intendente. Y luego, quien se acercaba al banco para cobrar el dinero era la pareja de la empleada municipal.
Los 14 casos comprobados hasta el momento son de montos pequeños, por lo que se cree que había un claro objetivo en el ardid de realizar la maniobra con “poco dinero” el objetivo de no generar sospechas.
Con estos datos, la justicia imputó a Díaz por administración fraudulenta en perjuicio del estado y a su pareja, como partícipe primario de ese delito.
Ahora los detectives continúan investigando para determinar si hay más cómplices en el ardid.