Tras 12 años prófugo, cayó en Córdoba un hombre buscado por 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza.
José Luis Piedra es acusado por 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza.
Un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió la detención en la Provincia de Córdoba de José Luis Piedra, un ex integrante del Destacamento de Inteligencia 144 acusado de cometer más de 90 delitos de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza durante la última dictadura cívico-militar.
Piedra, que permanecía prófugo desde 2013, fue localizado el 7 de agosto en la vivienda de un familiar, donde se ocultaba desde hacía casi doce años.
Debido a su delicado estado de salud, quedó bajo prisión domiciliaria con custodia policial, a la espera de un examen médico forense que determine si podrá ser trasladado a una unidad penitenciaria.
La justicia federal mendocina lo indagó de manera virtual por "crimen de lesa humanidad", imputándole su presunta participación en privaciones ilegales de la libertad, homicidios agravados, tormentos, robos, y hasta la sustracción y ocultamiento de una menor de edad, todos ellos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Según el requerimiento de elevación a juicio formulado en 2012 y ratificado en 2013, la acusación detalla 30 casos de privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenazas; 9 hechos agravados por la duración superior a un mes; 32 homicidios doblemente agravados por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas; 1 robo simple; 11 robos agravados con armas de fuego; 12 tormentos agravados por la condición político-ideológica de las víctimas y un caso de sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años.
La investigación reconstruyó que Piedra integró el Destacamento 144 entre diciembre de 1974 y diciembre de 1977, y luego fue destinado a la Escuela Superior de Guerra, el Comando del IV Cuerpo de Ejército en Buenos Aires y el Departamento II de Inteligencia en Santa Rosa, hasta su retiro voluntario en 1997.
Su fuga en 2013, cuando fue citado a declaración indagatoria, impidió que la causa avanzara a juicio junto a otros trece imputados, pero su captura en la Provincia de Córdoba y posterior indagatoria en la Provincia de Mendoza reactivan un expediente clave para la búsqueda de verdad y justicia por graves violaciones a los derechos humanos.
A principios de este año, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó la baja de 23 militares que tenían sentencia firme por delitos de lesa humanidad y trabajaban para el estado.