La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó los recursos de casación y dejó firmes las condenas contra Mauricio Albornoz y Gabriela Domínguez. El cuerpo de la mujer nunca fue hallado.
La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó las condenas contra Mauricio Gonzalo Albornoz Bravo y Gabriela Carina Domínguez Lucero por el homicidio de la jubilada Silvia Zulema Chávez, ocurrido en San Rafael en diciembre de 2022. El máximo tribunal provincial rechazó los recursos de casación presentados por las defensas y dejó firmes las penas impuestas en juicio.
La decisión fue adoptada por mayoría, con posiciones divididas entre los siete ministros del tribunal. La resolución ratificó la validez del juicio por jurados y sostuvo que existieron pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.
En este sentido, Albornoz fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de "homicidio simple, hurto agravado por uso de llave verdadera hallada, robo agravado por escalamiento, en poblado y en banda" además fue declarado reincidente.
En tanto, Domínguez recibió una pena de 12 años de prisión por los delitos de "homicidio simple y hurto agravado por uso de llave verdadera hallada". La víctima vivía sola en una casa ubicada en calle Ecuador de Pueblo Diamante, en San Rafael. En el fondo del terreno alquilaba un departamento a la pareja, qué residió allí junto a su hijo entre junio y septiembre de 2022.
El voto principal fue redactado por el juez José Valerio y recibió las adhesiones de Mario Adaro y Julio Gómez. Luego, Norma Llatser acompañó la solución con fundamentos propios y Dalmiro Garay Cueli adhirió a esa postura. La mayoría entendió que el juicio fue válido y que el veredicto del jurado no resultó arbitrario.
"Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los acusados. En consecuencia, debe confirmarse la sentencia pronunciada por el Tribunal Penal Colegiado N° 1", sostuvieron en la resolución. Además, remarcaron que "la cuestión relativa a la responsabilidad penal del acusado fue objeto de debate contradictorio".
Por otra parte, la principal disidencia fue de la ministra María Teresa Day, acompañada por Omar Palermo. Ambos entendieron que el veredicto debía anularse por insuficiencia probatorio. Según Day, la revisión judicial debía analizar si la acusación tenía "plausibilidad" suficiente y si existía una cadena de indicios sólida para destruir el principio de inocencia.
"Lo que aparenta ser una cadena plural y concordante revela, en un examen profundo, un andamiaje probatorio que no alcanza el umbral exigido para destruir la presunción constitucional de inocencia", afirmó la magistrada. Y agregó: "el veredicto de culpabilidad carece de sustento en prueba objetiva suficiente".
Pese a esa postura, prevaleció la mayoría, que concluyó que los indicios eran múltiples, coherentes y concordantes, y que no existían vacíos probatorios ni dudas razonables que impidieran confirmar las condenas.
La defensa de Albornoz sostuvo que el juicio fue arbitrario y que no existían pruebas directas de la muerte. En la misma línea sostuvieron quelos delitos de robo fueron incorporados indebidamente mediante estipulaciones y que el jurado pudo haberse visto influenciado negativamente por esos antecedentes;
Por su parte, la defensa de Domínguez argumentó que no existía prueba suficiente contra ella, por lo que el Ministerio Público se centró principalmente en Albornoz. Además, explicaron que se rechazó indebidamente una declaración en Cámara Gesell del hijo de la imputada que podría haberla beneficiado.
Silvia Zulema Chávez fue asesinada en diciembre del 2022 en San Rafael. La mujer, que tenía su domicilio en la calle Ecuador al 1620, aprovechó en alquilar un departamento que tenía en el fondo a Mauricio Albornoz, en ese entonces de profesión albañil, y a Gabriela Domínguez, la pareja de Albornoz.
Sin embargo, luego de un tiempo, los inquilinos de Chávez se mostraron reacios a pagar el alquiler y la víctima intentó en reiteradas oportunidades exigirles el pago atrasado. Además de estar vinculados con el consumo de estupefacientes, los acusados habían protagonizado varios hechos de violencia en la vivienda de la jubilada.
Debido a esta situación del pasado, es lo que determinó que Albornoz y Domínguez fuesen los principales sospechosos del caso de asesinato, aunque llevó tiempo determinar el rol de ambos porque el cadáver nunca apareció.
También se los acusó de sustraer pertenencias de la víctima utilizando llaves halladas dentro de la vivienda. Entre los objetos robados figuraban: un teléfono celular, dos ventanas de madera, una pileta tipo “Pelopincho”, una escalera de madera y frascos de conservas y dulces.
Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas y conmocionantes de San Rafael, marcada por la ausencia del cuerpo de la víctima y un extenso debate judicial sobre la solidez de las pruebas.