El escrito fue presentado por la abogada María Elena Quintero. Los 1.900 internos denuncian problemas sanitarios y restricciones en las comunicaciones. Qué pasará en las próximas horas.
Los presos del Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron un hábeas corpus colectivo y correctivo ante la Justicia mendocina. El escrito judicial denuncia un "agravamiento ilegítimo" de las condiciones en las que viven, además de posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales y de sus familiares.
La acción fue presentada el viernes por la abogada María Elena Quintero en representación de los 1.900 internos que se encuentran detenidos en el penal, ubicado en Cacheuta, Luján de Cuyo. Según el escrito presentado ante la Justicia, la situación afecta a distintos aspectos de la vida cotidiana dentro de la cárcel. También, solicitó el "cese inmediato de tales situaciones".
Por su parte, desde el Complejo Penitenciario señalaron que ya fueron notificados de la presentación judicial y afirmaron que se encuentran a disposición de la Justicia para colaborar con los requerimientos que se dispongan.
"Se denuncia un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que excede la mera restricción de la libertad ambulatoria y afecta derechos fundamentales de un colectivo de personas en situación homogénea", dice la presentación judicial presentada ante la Justicia.
Entre los principales reclamos se mencionan problemas de hacinamiento, deficiencias en el acceso al agua potable, falta de calefacción y escasez de elementos básicos de higiene. "Se registra una situación de carencias edilicias, falta de provisión de servicios, alteraciones en los regímenes de salud, trabajo y esparcimiento, incomunicación de la población penal, modificaciones en el régimen de vistias y un recrudecimiento en la modalidad de requisas".
El documento sostiene que los pabellones están diseñados para 72 personas, donde actualmente permanecen entre 100 y 140 internos, y que parte de la población debe dormir en el piso debido a la falta de camas y colchones. "Los módulos carecen desistemas adecuados de calefacción frente a las bajas temperaturas de la época invernal", expresa el escrito.
La presentación también advierte sobre interrupciones prolongadas en el suministro de agua corriente. De acuerdo con la denuncia, el servicio habría permanecido inestable durante semanas por fallas en la bomba principal, obligando a abastecerse mediante camiones cisterna y con disponibilidad limitada de agua durante el día.
La situación, afirma el escrito, impactaría tanto en las condiciones de higiene como en la elaboración y distribución de alimentos dentro del complejo.
Otro de los puntos señalados refiere al acceso a la salud. La acción judicial sostiene que la atención médica resulta insuficiente frente a la cantidad de personas alojadas, y que existen demoras en derivaciones hospitalarias e intervenciones quirúrgicas. También se menciona la falta de un servicio odontológico regular y la ausencia de guardias médicas permanentes durante la noche.
En este sentido, explicaron que dentro de cada módulo conviven aproximadamente 600 internos quienes disponen únicamente de 1 día semanal de atención médica, durante el cual son atendidas entre 30 y 40 personas, lo que implica que menos del 1% de la población accede al servicio médico.
En materia educativa y laboral, el documento cuestiona la escasez de puestos de trabajo y las limitaciones en el acceso a actividades de formación y recreación. Según se detalla, las clases se dictarían de manera parcial debido a la falta de espacio y personal, mientras que las actividades deportivas tendrían cupos reducidos.
La presentación judicial también incorpora cuestionamientos sobre las recientes medidas de seguridad implementadas en el penal. Entre ellas, el retiro de celulares sin la instalación previa de sistemas alternativos de comunicación, situación que (según el planteo) afecta el contacto con familiares y defensores.
Además, se denuncian requisas extraordinarias y procedimientos considerados invasivos tanto para los internos como para las personas que asisten a las visitas. "Las personas detenidas son encerradas compulsivamente de a 10 o 20 en sus celdas sin consideración de la actividad que se encontraban desarrollando", explicó la letrada.
A partir de este escenario, la abogada Quintero solicitó a la Justicia una serie de medidas urgentes destinadas a mejorar las condiciones de alojamiento, garantizar el acceso a la salud, restablecer canales de comunicación y revisar los procedimientos de seguridad y visitas.
También pidió inspecciones en el complejo y la intervención de organismos especializados en derechos humanos y contextos de encierro.
El hábeas corpus quedó presentado ante el fuero de control de privación de libertad, que deberá resolver sobre la admisibilidad de la acción y las medidas requeridas. Por su parte, el juez Diego Flamant avanzará con una amplia producción de prueba y tendrá entrevistas este miércoles a partir de las 10 con referentes de cada módulo para conocer la situación que viven los internos.