El Servicio Penitenciario en Mendoza impulsa programas educativos y laborales para la resocialización. Sin embargo, persisten desafíos claves.
El Servicio Penitenciario en Mendoza impulsa programas educativos y laborales para la resocialización
En la provincia de Mendoza, miles de personas transitan por el Servicio Penitenciario. Sin embargo, en la sociedad existe la discusión sobre qué hacer con ellas una vez que recuperan la libertad. Pero, ante este interrogatorio es importante conocer cómo funciona el Servicio Penitenciario en la ardua tarea de la resocialización de las personas privadas de su libertad.
En la misma línea, este concepto se vuelve insuficiente para explicar el verdadero desafío que enfrenta el sistema: la resocialización. Resocializar significa que, durante el tiempo de encierro, el interno pueda aprender nuevas formas de vincularse y adquirir hábitos de convivencia que quizás no tenía incorporados, ya que puede estar marcado por una historia familiar compleja o no tuvo la posibilidad de acceder a la educación básica, a la cultura o al sistema de salud.
Con este objetivo, el Servicio Penitenciario ofrece una amplia variedad de programas: desde la escolarización básica y universitaria, hasta talleres de oficios, culturales y laborales. Sin embargo, la participación es voluntaria, lo que genera un obstáculo en las condenas cortas, ya que quienes saben que estarán detenidos solo unos meses suelen optar por no sumarse.
A todos estos programas, se suma el trabajo como estrategia central. Existen talleres propios dentro de los penales, pero también apuntan a generar acuerdos con organismos públicos o convenios con empresas privadas que instalen espacios de producción dentro de los complejos penitenciarios.
Desde la institución explicaron que el objetivo principal es que los internos incorporen hábitos de estudio y de trabajo que les permitan sostenerse cuando recuperen la libertad.
“Nuestro objetivo fundamental es que las personas privadas de la libertad adquieran hábitos de trabajo y de estudio que les permitan, al volver a la sociedad, tener una vida normal. Por eso ponemos muchísimo énfasis en la educación y el trabajo”, afirmó a Sitio Andino María Alejandra Llarena, Subdirectora General del Servicio Penitenciario.
En este sentido, recordaron que la Ley de Ejecución Penal Nº 8.465 de Mendoza establece que tanto el estudio como el trabajo son actividades centrales para avanzar en el régimen progresivo de la pena.
“A través de la Dirección General de Escuelas trabajamos con todos los niveles educativos: desde alfabetización y primaria, hasta secundaria para adultos y centros de capacitación laboral. Además, junto con la Universidad Nacional de Cuyo se ofrecen carreras de grado y tecnicaturas”, detalló Llarena.
Uno de los principales desafíos son las condenas cortas, que dificultan la incorporación de los internos a programas educativos prolongados. En esos casos, se ofrecen talleres breves y específicos, como los de nuevas masculinidades y otros vinculados a la violencia de género, especialmente pensados para quienes cumplen penas por este tipo de delitos.
En cuanto al trabajo, el Servicio cuenta con una Unidad de Producción Penitenciaria, donde las actividades se adaptan a la formación y capacidades de cada interno.
“Si una persona no tiene hábitos laborales, comienza con tareas de maestranza: limpieza de espacios comunes, cuidado de jardines y mantenimiento básico. Luego pueden sumarse a equipos de oficios como plomería, electricidad o pintura, supervisados por personal especializado. Más adelante, acceden a talleres de producción —como carpintería o fabricación de muebles— y también a empresas privadas que se han instalado en los complejos”, explicó la Subdirectora.
Además, por el trabajo realizado, los internos reciben un peculio, es decir, una retribución económica regulada por ley. Ese dinero puede ser destinado a sus familias, lo que contribuye a la economía del hogar.
En este sentido, a pesar de todos los programas que existen, desde el Servicio Penitenciario insisten en que la raíz del problema, se encuentra en las trayectorias previas de muchos internos: familias desintegradas, falta de escolarización, escasos accesos a la cultura y vínculos tempranos con el delito.
La resocialización no culmina con el egreso del penal. Al contrario, allí comienza una nueva etapa, marcada por dificultades adicionales. Al regresar a su barrio, muchos vuelven a los mismos entornos que los llevaron a delinquir. Y cuando buscan empleo, se topan con la desconfianza de los empresarios.
En algunos casos, incluso aquellos que participaron en programas educativos y laborales reinciden a poco de salir. “El éxito no depende solo del Servicio Penitenciario, sino de una red mucho más amplia que incluye a la familia, la comunidad y el mercado laboral”, reconocieron.
Para las autoridades, uno de los grandes desafíos es también comunicacional. La opinión pública suele enterarse solo de los casos negativos, cuando un liberado vuelve a delinquir. En cambio, los logros rara vez trascienden.
“Por cada persona detenida hay, al menos, una víctima. Entendemos ese dolor y esa mirada crítica. Pero también sabemos que todas las personas privadas de la libertad, ya sea por un mes o por 35 años, en algún momento van a salir. Y el trabajo es que, cuando eso ocurra, estén realmente resocializadas”, concluyeron.