La investigación permitió desmantelas una organización criminal que utilizaba testaferros para comprar armas en el mercado legal y revenderlas. Operaban en el país y en el exterior.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones
Foto: Prensa PFA MendozaEn un operativo de gran magnitud que incluyó procedimientos en Mendoza y otras provincias, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y al lavado de activos. Además, la banda operaba en Chile y Uruguay.
La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura que abastecía tanto al mercado negro local como a redes delictivas en países limítrofes. Estas tareas fueron realizadas por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales.
La causa se inició a partir de una denuncia del organismo nacional encargado del control de armas (RENAR), que alertó sobre maniobras sospechosas vinculadas a la compra legal de armamento que luego era desviado hacia circuitos ilegales.
Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal. Entre el armamento detectado se encontraban pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas como Bersa, Glock y Taurus, compradas en grandes cantidades y en lapsos muy cortos.
Una vez obtenidas, las armas eran introducidas en el mercado clandestino. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie para dificultar su rastreo, y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países como Chile y Uruguay.
A partir de estas operaciones, la organización recaudaba grandes montos de dinero que posteriormente era invertido en la compra de bienes muebles e inmuebles. De esta manera, se configuraba una estructura de lavado de activos.
La pesquisa también reveló la participación de ex empleados del organismo de control de armas, quienes habrían facilitado los trámites administrativos necesarios para concretar las operaciones ilegales. Actualmente, estas personas fueron expulsadas por la actual gestión.
La red delictiva presentaba una estructura jerárquica con roles definidos:
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras jurisdicciones del país.
El operativo culminó con la detención de 35 personas (31 hombres y 4 mujeres) y el secuestro de un importante arsenal, que incluyó:
Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos, tanto en Argentina como en el exterior.
Los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente, que dispuso su traslado a dependencias federales para continuar con las actuaciones judiciales. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.
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