El Senado de la Provincia de Mendoza discute una modificación de la ley 6722, a través de la cual se rige la Policía de Mendoza para controles de rutina.
Analizan un cambio clave en una ley clave para el control de personas en la vía pública.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaLa Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado de la Provincia de Mendoza otorgó despacho favorable a un proyecto de ley que propone modificar la Ley 6722, con el objetivo de actualizar los parámetros para la actuación policial, especialmente en lo relativo al uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la Policía de Mendoza.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Gustavo Cairo y Enrique Thomas, busca adecuar la normativa vigente a los criterios utilizados por las fuerzas federales y clarificar las circunstancias que habilitan el accionar de los efectivos provinciales.
En el corazón de la propuesta se encuentran las modificaciones a los artículos 2° y 9° de la Ley 6722. En cuanto al primero, se incorporan nuevos incisos que amplían las funciones del personal policial para incluir la actuación en situaciones de inseguridad y peligro inminente, la defensa de funcionarios y bienes estatales, la realización de tareas de observación y vigilancia, y la obligación de preservar el orden en espacios públicos y proteger la integridad física de los transeúntes.
La reforma del artículo 9° detalla los supuestos en los que la Policía de Mendoza podrá recurrir al uso de armas de fuego: en casos de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, peligro inminente de muerte o lesiones graves, para impedir la comisión de delitos graves o detener a personas que representen una amenaza.
Además, el texto incorpora criterios mucho más precisos para definir qué constituye un peligro inminente, contemplando situaciones como la posesión aparente de armas letales o movimientos que indiquen su inminente utilización.
La iniciativa también incluye disposiciones sobre la identificación del personal antes del uso de armas, con excepciones cuando ello incremente el riesgo, y establece obligaciones posteriores, como la comunicación a la autoridad judicial competente y la asistencia médica en caso de lesiones o muerte.
Asimismo, se prevé un resguardo administrativo para los efectivos cuya actuación se ajuste a la ley, evitando sanciones provisionales sin resolución judicial firme.
Con el despacho favorable, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, marcando un paso clave en la discusión sobre la actualización de los protocolos de actuación de la Policía de Mendoza en la Provincia de Mendoza.
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