La justicia dio por finalizada una investigación por abuso sexual infantil que causó una enorme repercusión en General Alvear. Los detalles.
El hallazgo de la tarjeta de memoria generó allanamientos en General Alvear.
La justicia provincial finalizó la investigación y elevó a juicio la causa por producción y facilitación de material de abuso sexual infantil que generó una enorme repercusión en General Alvear, cuyo expediente tiene a una pareja de docentes como acusados.
La investigación se inició con el hombre y luego se ordenó la imputación de su pareja. Ambos deberán responder por “producción y facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de las víctimas”. Concretamente son dos los menores damnificados.
Pero, además, el hombre recibió la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a que le sacaba fotos a escondidas a sus compañeras de trabajo.
El caso salió a la luz en agosto del 2025 pero tuvo su inicio en febrero de ese año, cuando dos jóvenes encontraron en el centro de General Alvear una tarjeta de memoria de 32 GB que contenía material de abuso sexual.
Al detectar esto, radicaron la denuncia y el fiscal Javier Giaroli terminó acusando a un docente por tener ese contenido. Luego se amplió la investigación contra su pareja.
Fuentes judiciales contaron a este diario que, en particular, se hallaron dos tipos de fotografías. Por un lado, menores de entre 1 año y medio a 4 en contextos sexuales y también de muchas mujeres fotografiadas sin su consentimiento, es decir, de lejos (las imágenes siempre de sus partes íntimas).
Asimismo, indicaron que varias de esas fotos habrían sido captadas en establecimientos educativos, por lo que se presume que las mujeres serían docentes o personal administrativo. Varias de las imágenes no constituyen un delito, pero en algunas se observan menores.
Los investigadores tuvieron que trabajar durante semanas para poder identificar al dueño de la tarjeta. Afirmaron que el individuo tiene “nula presencia en redes sociales y baja firma digital”.
Cuando lo lograron, esperaron el momento en el que el acusado estuviera en su casa, con su teléfono celular y otros dispositivos, para concretar el allanamiento.
Ahora el expediente llegó a juicio y será un tribunal colegiado el que analice el comportamiento de los sospechosos, quienes podrían recibir una condena de más de 4 años de cárcel.
