La intención del Gobierno mendocino de sumar a todos los intendentes en el control de precios, sugerido desde la Nación, no cosecha las adhesiones de los jefes comunales que se esperaba.
La intención del Gobierno mendocino de sumar a todos los intendentes en el control de precios, sugerido desde la Nación, no cosecha las adhesiones de los jefes comunales que se esperaba.
Si bien esta semana el propio gobernador Francisco Pérez destacó que sumar inspectores municipales al grupo de gente que desde la Provincia saldrá a controlar que se cumpla el congelamiento de 500 productos acordado por la Secretaría de Comercio Interior y los supermercadistas, es "una obligación como funcionarios públicos", hasta el momento solo uno confirmó su participación.
Se trata de Alejandro Abraham (Guaymallén), quien el viernes iba a firmar con el Ministerio de Gobierno un acuerdo al respecto. Sin embargo, la actividad se postergó y desde la cartera que comanda Félix González justificaron que se debió a que primero esperarán la firma de la cadena Átomo que, como publicó SITIO ANDINO días atrás, será la cadena provincial que se sume al acuerdo nacional.
Intendente Abraham |
Sin embargo, la postergación tendría que ver más con la posibilidad de que otros departamentos, a cuyos intendentes se está tratando de convencer desde el Ejecutivo se sumen al control. Así, serían Las Heras, Tunuyán, Malargüe y Alvear, los otros municipios que sintonizarían con la medida que cae en cascada de la Nación a la Provincia y de la Provincia a los municipios.
Sin embargo, serían apenas cinco de los 18 intendentes los que harían caso al pedido oficial.
Mientras tanto, el recientemente asumido director de Defensa del Consumidor, Guido Roccuzzo, adelantó que se "controlará los precios a través del cuerpo interministerial de inspectores, de esa manera y en conjunto con el trabajo de la ciudadanía verificaremos que el acuerdo de precios se cumpla. Se trata de unos 90 inspectores de distintos órganos del Gobierno.
Guido Roccuzzo, director Defensa del Consumidor |
Por su parte, Luján de Cuyo avanzó en el congelamiento de precios, aunque con otra línea. La dirección de Defensa del Consumidor del municipio ya armó una canasta extraída del listado de los 500 productos que mantendrán congelados sus precios hasta octubre. La idea es que esta lista alternativa sirva de guía para que el consumidor ubique, dentro de la mercadería acordada por el Gobierno nacional, los alimentos básicos.
"De los 500 productos hemos elegidos 120 que son de primera necesidad, ya que el resto están repetidos o no forman parte de la canasta básica familiar, indicó a SITIO ANDINO, Marta Rizzo, socia fundadora de la ONG Prodelco y titular de Defensa al Consumidor de Luján de Cuyo.
La canasta será distribuida en los alrededores de los supermercados, como también en lugares públicos de Luján. La misma además se publicará en los próximos días en la página web del municipio para que todos los mendocinos puedan acceder a ella.
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