La Fiscalía de Estado determinó que la cláusula del contrato entre el Estado y la empresa Mendoza Central Entretenimientos que prevé la posibilidad de la extensión del vínculo contractual por las máquinas de monedas en caso de que la firma así lo requiera es nula.
Sucede que el contrato firmado en 2011 tiene vigencia por un plazo de 3 años (hasta julio de 2014), pero la firma (propiedad del grupo Vila) tiene la posibilidad de exigir una extensión por 5 años más (hasta julio de 2019) en caso de creerlo necesario. No obstante, esto es rechazado por el funcionario, quien pide revisar esta cláusula e investigar.
La oposición cuestiona el contrato con MEC y pide la nulidad del mismo. |
No obstante, si bien la denuncia presentada por un grupo de legisladores apuntaba a todo el contrato entre Mendoza Central Entretenimientos y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el Fiscal de Estado, Javier Fernández, no opinó sobre el canon que la firma recibe (40%, con posibilidad de que crezca hasta 47%) por la prestación de las máquinas.
Por esta situación, el titular del IPJYC, Carlos Bianchinelli, visitó la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a quienes explicó la resolución de la Fiscalía de Estado y les pidió, tal como indica el fallo, intervención en el asunto.
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Las máquinas tragamonedas de Vila, en el ojo de la tormenta. |
Así, Bianchinelli destacó que el Fiscal entendió que la potestad de exigir una extensión en los contratos le cabe al Estado y no a la empresa, por lo que el vínculo podría terminar en 2014, si es que las partes no llegan a un nuevo acuerdo.
Posiblemente se realice una renegociación similar de los plazos, pero con la participación y decisión del Estado. No puede ser que en un contrato bilateral sea sólo una parte la que decida una extensión, eso es lo que nos ha dicho el Fiscal, resaltó el funcionario, quien asumió recientemente en el cargo.
En cuanto al canon que cobra la empresa, Bianchinelli informó que si bien el grupo Vila pidió elevar el monto de pago al 47% (algo que fijaba el contrato en caso de cumplir una serie de inversiones), actualmente la firma sólo percibe el 40%.
Sin embargo, al ser consultado por los legisladores el funcionario estimó que MCE ha cumplido en principio con las inversiones y en algunos casos las ha superado por lo que es inminente que la empresa empiece a cobrar el monto final del contrato.
Así, el titular del IPJYC explicó que cuando se firmó el contrato el Casino tenía menos de 300 máquinas y la mayoría antiguas, mientras que en estos momentos cuenta con 569 y de última generación. Además, las obras edilicias por $3.000.000 que la empresa debía realizar fueron duplicadas.
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Carlos Bianchinelli, director del IPJYC, explicó a los diputados la resolución del Fiscal de Estado |
Asimismo, la interpretación de la determinación del Fiscal de Estado sobre la actuación que deberá tener la Legislatura en una futura renegociación o decisión fue el motivo de discusión entre los diputados. De un lado (oposición) se quiere fomentar el trabajo de contralor de la Legislatura. Pero del otro (oficialismo) se busca que el legislativo no se entrometa en una decisión que, según dicen, es meramente facultad del Poder Ejecutivo.
De esta manera, los diputados pidieron información a Bianchinelli sobre el cumplimiento del contrato en los últimos años e iniciarán una investigación para opinar sobre la nulidad de la extensión y la posibilidad de volver a negociar.
Así, el panorama es más que confuso en el conflicto por las denuncias radicales al contrato entre la empresa de Vila y el Gobierno, ya que ahora los organismos de control deberán investigar y el Estado tendrá la posibilidad de pedir por vía judicial la acción de lesividad (si cree que tuvo un perjuicio) o dejar el contrato como está extendiendo los plazos del vínculo hasta 2019.