En el Ejecutivo consideran que el fallo exige que la distribución del dinero se determine por ley. Estamos cumpliendo, argumentó el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García.
En el Ejecutivo consideran que el fallo exige que la distribución del dinero se determine por ley. Estamos cumpliendo, argumentó el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Francisco García.
En las últimas semanas, el fallo, surgido a raíz de un reclamo de la Municipalidad de Capital, ha sido analizado conjuntamente por la Asesoría de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. El resultado preliminar de este estudio indica que, contrariamente a lo que el Ejecutivo sostuvo apenas se conoció la decisión de la Corte, no se cuestionará el fallo.
El argumento de la gobernación es que si bien la renegociación se realizó vía decreto (los 1547 y 3089 del 2010), estos fueron ratificados por la ley 8393 (que a su vez ratifica el decreto 2054/11 que ampliaba el presupuesto de ese año basándose en la renegociación).
De modo que, según esta interpretación, el Ejecutivo tendría amparo legal para rechazar el pedido de distribuir entre todas las comunas los 700 millones de pesos que han ingresado hasta hoy por el valor llave y que fueron a parar a las cuentas provinciales.

