Habrá sanciones para funcionarios que no respondan pedidos de informes

Tras el visto bueno de Diputados, si el Senado aprueba el proyecto quedará confirmado que los ministros que no respondan los pedidos de informe en un plazo determinado deberán abonar una multa que está fijada en aproximadamente $550.

Es que en la actualidad ante cada consulta formal de los diputados o senadores a funcionarios del Ejecutivo, los titulares de las carteras tienen un lapso de 10 días para responder, con la posibilidad de extenderlo a 10 días más mediante un pedido de prórroga escrito.

La novedad es que, según fija el proyecto, si pasados los primeros 20 días el funcionario no responde el pedido de informe recibirá un apercibimiento por parte de la Cámara, y si luego del apercibimiento transcurren otros 10 días y no se hace efectiva la respuesta se aplicará la multa económica.

“Lo que hace este proyecto es fijar la forma en la que se cobrarán las multas y los montos de las mismas, las cuales serán descontadas del salario del funcionario y tendrán el precio de una categoría tercera de la DGE, la cual hoy es $555, pero se actualiza todos los años”, destacó la Legisladora, quien dejó ver que las multas que se le pueden aplicar a los funcionarios son acumulativas, pero nunca pueden superar el 25% del salario del empleado.

Para justificar el proyecto, Meschini destacó que “el 68% de los pedidos de informe no son respondidos por los funcionarios”, los cuales en la mayoría de los casos necesitan “información muy puntual que debería ser de acceso público”. Según dijo la legisladora, los ministerios de Hacienda e Infraestructura son los que están a la cabeza de los que hacen la vista gorda a los pedidos de senadores y diputados.

Finalmente, en cuanto al destino que tendrá el dinero que se recaudará por las multas, la ley prevé que el total sea destinado a financiar el programa de prevención de adicciones que lleva adelante el Gobierno de Mendoza.