Hace un año entró en vigencia en Mendoza la ley que regula la producción de cannabis medicinal en Mendoza, para sumarla como una actividad que permita diversificar la matriz productiva en una provincia que sigue buscando alternativas de crecimiento económico. Si bien Mendoza fue la primera provincia en reglamentar esa norma, el desarrollo sigue frenado.
Fue el 2 de marzo de 2021 cuando el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto para que el cultivo de cannabis para uso medicinal fuera posible, respetando los protocolos sanitarios y en un marco de seguridad jurídica, a partir de que la Legislatura sancionara la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.350 para la investigación científica, y el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Esta adhesión fue impulsada por el diputado José María Videla Sáenz.
Pero de esa fecha hasta ahora en Mendoza no hay proyectos que hayan avanzado a pesar de que son varios los privados interesados en el desarrollo de esta actividad.
Si bien el cultivo de cannabis medicinal es una de las apuestas del gobierno de Suarez para la reactivación económica de la post pandemia, hay varios motivos que lo llevan a que siga postergado en el tiempo y los empresarios advierten que llevan "dos años perdidos".
"Con la misma vocación de seguir ampliando la matriz productiva, reglamentamos la Ley de cannabis medicinal para regular un sector de la salud que hasta ahora funcionaba en la informalidad y sin garantías de calidad", dijo el propio Suarez en su discurso del 1 de mayo del año pasado. Una reglamentación que hasta ahora no se ve en resultados concretos.
Mientras que en provincias como Jujuy, San Juan, La Rioja y Catamarca si se avanzó en este sentido, Mendoza no pudo hacerlo a pesar de tener aprobada y reglamentada la Ley. Y esto se debe a que en estos lugares se apostó al desarrollo a través de empresas estatales.
Por ejemplo, en diciembre del año pasado Jujuy comenzó a comercializar un medicamento "100% jujeño que mejorará la calidad de vida de muchas familias. Tras cuatro años de trabajo logramos poner al alcance de los pacientes un aceite de grado farmacéutico a un precio asequible", explicó el gobernador Gerardo Morales. Claro, ese medicamento no puede comercializarse fuera de la provincia porque no cuenta con una autorización clave: la de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Y esta es una diferencia sustancial con los planes que tiene que gobierno de Mendoza, que aspira a que los productos que se fabriquen acá sean certificados y tengan un mercado más amplio para garantizar rentabilidad de los privados.
Todo es cuestión de tiempo. Se esperanzan algunos. Sucede que mientras la Ley 27.350 limita la producción a los fines investigativos; se debate en el Congreso una nueva ley que pretende habilitar la producción para uso industrial, impulsada por el Ejecutivo nacional. Ese cambio es fundamental.
Esta ley permitirá diversificar la actividad productiva de Mendoza, con una industria ligada a la agricultura a la vez que dará acceso legal, seguro y controlado a quienes necesitan los derivados del cannabis.
Si bien la iniciativa contó con la media sanción del Senado (con el voto negativo de los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verassay de Juntos por el Cambio), el proyecto quedó estancado en Diputados, donde los nuevos integrantes deberán ponerse de acuerdo, firmar el dictamen y llevarlo a votación. Algunos especulan que eso podría suceder recién en algunas semanas.
Así, desde el Gobierno Provincial comentaron a SITIO ANDINO que hasta no tener la nueva ley no se puede avanzar en los proyectos. Y Mendoza, como Argentina, tiene amplias posibilidades de posicionarse como proveedor del mundo en productos basados en el cannabis. Pero, hasta el momento en el país no existe ese marco legal que les dé la oportunidad de potenciar la industria ordenada a los pequeños y medianos productores.
"Nosotros aspiramos a desarrollar el modelo privado, pero hasta que no salga la nueva ley es imposible avanzar porque hay cuestiones clave como la importación de semillas, las aprobaciones de la ANMAT y muchos temas que tienen que ver con los protocolos y marco regulatorio. Intervienen muchas áreas en esto", destacaron desde el Ejecutivo provincial.
Según datos oficiales, la actividad puede proveer por hectárea de producción la mano de obra de 15 personas con una duración de 6 meses de trabajo. Además se pretende poder trabajar a futuro en la elaboración de diversos productos como aceites y cremas de uso medicinal, como algunas que ya se promocionan en el mercado (productos de importación).
Según señalan, el objetivo es poder incluir a los interesados en el desarrollo de esta actividad en planes como Mendoza Activa, líneas de financiamiento exclusivo, o diversos programas de estímulo a la inversión privada. "Para esto necesitamos un marco regulatorio claro, que a la vez le dé perspectivas y seguridad a los inversores", sostuvieron desde Gobierno.
Por su parte, los empresarios coinciden en que las limitaciones a la actividad de deben a la falta de la ley para desarrollo industrial de la planta, pero cuestionan la "falta de gestiones y acuerdos políticos" por parte de la Provincia.
En off, distintos aspirantes a ser parte de este negocio señalaron que "la Provincia debería haberse involucrado más". "No pudo manejar sus herramientas políticas para que la Nación autorice la importación de semillas. Hoy no se consigue un acuerdo a lo que se suma que los protocolos de la provincia para autorizar proyectos de investigación son extremadamente estrictos", señalaron.
Los beneficios de la producción del cannabis
Además de los beneficios económicos que implica el desarrollo de una nueva actividad, debe destacarse que los llamados "cannabinoides" tienen propiedades medicinales, lo que permite tratar dolencias como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia y dolor crónico, entre otros que están en investigación.
Con lo cual, de avanzar el marco regulatorio, todas aquellas personas que tienen la necesidad de acceder a estos productos como paliativo o tratamiento, podrán hacerlo en un marco de calidad y la composición del producto controlada, además de precios más accesibles.