No cayó bien en el Gobierno de Mendoza la respuesta de Casa Rosada al pronto despacho presentado hace un mes atrás por Rodolfo Suarez para que el presidente Alberto Fernándezlaude respecto a Portezuelo del Viento. Básicamente, desde Nación indicaron que la provincia nunca inició el proceso formal para activar el mecanismo de solución de diferendos.
El gobernador afirmó que se trató de una maniobra política del Frente de Todos a fin de "perjudicar a Mendoza una vez más al no tomar una postura clara, pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo", aunque anticipó que reiterará el pedido de arbitrio presidencial.
...sobre Portezuelo del Viento y que quedó asentado en el ACTA 73 de fecha 26 de junio de 2020.Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara sobre PdV, ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo, (sigue) pic.twitter.com/l118aKwIlh
El día después, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez reforzó lo expresado por Suarez. "La noticia cae una vez más en sintonía con lo que hace el gobierno nacional con todo, pero particularmente con Portezuelo del Viento", manifestó en una entrevista con Radio Mitre.
Acusó al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, de no avanzar con el trámite para solicitar el laudo, que por estatuto de Coirco es una de sus funciones. El funcionario entiende que una vez que Suarez dejó asentada en la reunión de junio de 2020 la diferencia con el resto de las provincias e invocó el capítulo V del reglamento interno del organismo, "Wado" debió llamar al juicio arbitral.
Parte de la respuesta de De Pedro a Mendoza (Foto: Twitter @anabelfsagasti)
"Es una vergüenza institucional y jurídica lo que están haciendo. Está a las claras por la inacción del gobierno nacional que no quiere resolver y coloca del otro lado la pelota cuando es más que obvio y evidente que está todo pedido en tiempo y forma", analizó Ibañez.
En cuanto a lo que debería resolver Fernández, el ministro afirmó que "tiene todas las herramientas en su poder y no hay ningún hecho posterior al laudo de Mauricio Macri (de 2018) ni ningún elemento más que aportar, por lo tanto debiera asentarse en lo ya existente; no hay nada más que estudiar, y es un laudo que perfectamente lo puede hacer en horas".
Aclaró que la provincia no avanzará con la adjudicación de la obra hasta no contar con la certidumbre jurídica que otorgue un arbitrio presidencial y anticipó que Mendoza no aceptará un nuevo estudio de impacto ambiental regional sobre la cuenca del Río Colorado, como solicitaron las otras jurisdicciones miembros del Coirco.