El gobernador Rodolfo Suarez cesanteó a un agente de la administración pública acusado de cometer una serie de faltas en la prestación de sus servicios como inspector administrativo con tareas de notificador en el Área de Residuos Peligrosos de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Se trata de Gustavo Federico González, quien en 2018 se le había iniciado un sumario (y suspensión preventiva) por "irregularidades en la recepción de las constancias de pagos de aforos y TEF (Tasa de Evaluación y Fiscalización)" y falsificación de documentos públicos.
Según consta en el decreto de cesantía, el trabajador estafaba a las empresas a la hora de gestionar el certificado ambiental anual habilitante para el manejo de residuos peligrosos, simulando realizar el pago de códigos correspondientes que nunca abonaba. Para ello, duplicaba y/o adulteraba comprobantes y los anexaba a diferentes expedientes.
"González iba a las empresas y retiraba la documentación para presentar en la Dirección de Protección Ambiental, cobraba por sus servicios y le reintegraban el dinero que él abonaba por los códigos", especifica el documento firmado por Suarez.
El empleado prestaba servicios en la Secretaría de Ambiente, a cargo de Humberto Mingorance (foto), quien lo denunció en la justicia (Foto: Yemel Fil)
Asimismo, detalla que en su descargo tras ser sumariado, el agente denunciado ofreció como prueba "cédulas, documentación y oficios de cuya lectura se advierte una serie de irregularidades", ya que aparentemente son iguales a varias notificaciones presentadas por la titular de la DPA y que las firmas de las empresas receptoras son apócrifas.
En ese apartado, se aclara que la determinación respecto a si existe la comisión de un delito, está a cargo de la Justicia (además de administrativamente, González fue denunciado penalmente).
En el decreto se enumeran al menos 27 casos en los que intervino el inspector y se detectaron irregularidades "que conforme su naturaleza e importancia podemos calificar de muy graves". "González ha incurrido en una serie de conductas contrarias al procedimiento normal de sus funciones en beneficio propio, afectando para ello bienes y documentación pública e incurriendo en una conducta inmoral e indecorosa (...), generando un descrédito a la administración", condena el escrito.
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