El ex gobernador de Mendoza (2011/2015) Francisco "Paco" Pérez fue imputado por el fiscal Santiago Garay, instructor de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, por el delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de la causa que se inició en 2016 tras la denuncia de un grupo de senadores de la UCR por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del exmandatario y su esposa, donde figuraban un departamento lujoso y vehículos de alta gama.
Según reveló diario Los Andes, la imputación se produjo en noviembre de 2021, aunque la causa permanece bajo secreto de sumario porque el dirigente no ha sido aún indagado. La acusación surgió producto del resultado de una tercera pericia contable que había ordenado el magistrado a la Universidad Nacional de Cuyo, luego de que las dos primeras fueran contradictorias entre sí.
Sin embargo, la defensa de Pérez interpuso una acción de nulidad porque -según denuncian- no se dio participación a los peritos de parte, violando el derecho a defenderse del imputado. La definición estará a cargo del juez de garantías que salga sorteado para la audiencia fijada el próximo miércoles 2 de febrero, una vez finalizada la feria judicial.
La causa
El exgobernador fue denunciado penalmente en marzo de 2016 por un grupo de legisladores radicales y la por entonces vicegobernadora Laura Montero, quienes se presentaron en la Fiscalía de Delitos Especiales tras conocer las declaraciones del mandatario y su esposa, Celina Sánchez, difundida por la Fiscalía de Estado.
Los legisladores radicales explicaron los detalles de su denuncia en una conferencia (Foto archivo: Axel Lloret)
En una conferencia de prensa, los demandantes explicaron que Pérez estaba inscripto en AFIP como monotributista clase B y Sánchez no tributaba ningún tipo de impuesto. "A pesar de esto, han tenido un incremento patrimonial durante su gestión como gobernador que denota al menos una serie de irregularidades que nosotros hemos acercado como pruebas para que el fiscal agudice la investigación", señalaba el por entonces legislador Alejandro Molero, hoy encargado del Iscamen.
"Es un matrimonio que en el año 2013 compra un departamento valuado hoy en más de 3 millones pesos, autos de alta gama, vacaciones de compra en Miami, es decir tiene un status de vida imposible para quien es monotributista clase B", completó.
Por su parte, Montero reclamó que "estos datos se aclaren y que haya una vara a futuro. Tenemos la obligación de denunciar, si no sería encubrimiento. No puede eliminarse la corrupción si no se encuentran los responsables de los actos cuando esos actos se ponen en evidencia".