Congreso nacional

Diputados vuelve a sesionar el martes y tratará tres leyes de interés en Mendoza

Por Redacción de SITIO ANDINO

Luego de más de un año y medio de asambleas mixtas (combinada la virtualidad con la presencialidad), el próximo martes 5 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación volverá a sesionar de forma 100% presencial, y con un temario de interés para la provincia de Mendoza. El miércoles, en tanto, será el turno del Senado.

Además del retorno "in situ" de los y las legisladores, el debate de la semana próxima marcará también el regreso de la discusión parlamentaria desde inicios de julio, la última vez que el Congreso desarrolló una sesión, cuando se recibió el informe de gestión del ex jefe de gabinete Santiago Cafiero.

La convocatoria del oficialismo incluye cuatro proyectos de ley, todos ellos originalmente propuestos por el Frente de Todos, aunque uno de ellos cuenta con aportes de un legislador mendocino de la UCR.

Tres de los cuatro proyectos son de autoría de la mendocina Fernández Sagasti (Frente de Todos)

La iniciativa cuenta con media sanción del Senado y es la ley de etiquetado frontal de alimentos que, entre otras cuestiones, establece pautas para una alimentación saludable y obliga a la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de los productos a la venta.

Si bien en comisiones se firmaron cuatro dictámenes distintos por el mismo proyecto (uno de mayoría, dos de minoría y uno de rechazo), el que impulsa el oficialismo es el de mayoría, que es el que cuenta con la aprobación de la Cámara Alta y que tiene el apoyo de buena parte de los y las diputadas de las dos fuerzas mayoritarias (FdT y Juntos por el Cambio).

El expediente unifica uno presentado por la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y otros de diversos legisladores, entre ellos el también comprovinciano Julio Cobos. Ambos celebraron en las redes sociales que Diputados trate el despacho el próximo martes.

Básicamente, el proyecto contempla que los alimentos y bebidas sin alcohol deberán incluir octógonos negros al frente de sus etiquetas que adviertan sobre los excesos de azúcares, sodio y grasas saturadas y totales y calorías, tomando como referencia los límites del Perfil de Nutrientes establecidos por la Organización Panamericana para la Salud.

Las empresas tendrán un plazo de 6 meses para adecuarse a la norma. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los proveedores de la agricultura familiar, podrán exceder el límite de implementación en un tiempo no mayor a los 12 meses.

Además, prohíbe toda forma de publicidad o promoción de alimentos o las bebidas sin alcohol, que tengan al menos dos sellos de advertencia, que esté dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Los otros proyectos que atañen a Mendoza, también de autoría de Fernández Sagasti, otorgan mayores derechos a los trabajadores y contratistas de viña.

El primero de ellos crea un régimen previsional especial, el cual también tiene la media sanción del Senado. No obstante, al recibir modificaciones en comisiones, de aprobarse el martes deberá retornar a la cámara de origen para su sanción final.

El objetivo es equiparar la jubilación del sector con la de otros rubros rurales similares y también considerados de "envejecimiento prematuro". De este modo, los empleados vitícolas podrán jubilarse a los 57 años, con 25 años de servicio con aportes. Por su parte, la contribución patronal al sistema de previsión social aumentará del 16 al 18 por ciento.

Durante el tratamiento en comisiones, los mendocinos Marisa Uceda (FdT) y Federico Zamarbide (JxC) destacaron la iniciativa. La primera planteó que "cualquier mendocino y mendocina sabe que reconocer la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras de las viñas es otorgar igualdad, equidad y justicia social". El dirigente radical, en tanto, remarcó que "la actividad vitivinícola genera un arraigo fuerte en el territorio, una de las características que tiene, es que sigue siendo una tarea manual, aun con los últimos avances tecnológicos en cuanto a riego y a cosecha mecanizada".

El otro es una modificación de la Ley 20.589 sobre la indemnización y mensualidad que recibe el trabajador de ese sector productivo, para garantizar sus ingresos básicos a lo largo de todo el año.

Los viñateros tendrán mayores beneficios laborales

Establece que en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista perciba la indemnización por antigüedad aun cuando no se complete el primer año de trabajo.

También prevé que en caso de despido, la indemnización se contemple para el concepto de mensualidad el proporcional a 12 meses, y no a 10 meses, como funciona actualmente.

Además, determina que corresponde al contratista un porcentaje de la producción, que en ningún caso puede ser inferior al 15% ni superior al 19%, deducidos los gastos de cosecha, acarreo y todos aquellos comunes y normales en la comercialización de las uvas y frutas.

Por último, la Cámara debatirá el proyecto de derechos humanos de las personas en situación de calle. 

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