Un juez civil avaló la demanda por "discriminación y violencia de género" que hizo una mujer policía dada de baja de la fuerza y condenó al Estado a que indemnice a la damnificada, al mismo tiempo que ordenó su inmediata reincorporación.
La mujer atravesó una crisis psicológica tras quedar embarazada y tuvo que someterse a un tratamiento médico.
A esto se le sumó su decisión de ligarse las trompas para no perder más días por embarazo, lo que le ocasionó una desestabilización emocional según informó Sanidad Policial.
De esta forma, los profesionales indicaron que la mujer no podía portar armas por lo que desde la fuerza decidieron darle de baja.
A casi diez años de esa decisión, ahora la justicia ordenó que la efectivo sea reincorporada, en tanto que el Estado deberá indemnizarla con un monto de dinero que supera los $300.000.
No obstante ello, la abogada de la víctima, Carolina Jacky, adelantó que apelará algunas partes de la sentencia.
Es que el juez interviniente ordenó que los honorarios de la letrada sean pagados por la víctima, como así también no exigió que la uniformada perciba todos los sueldos durante estos años que estuvo dada de baja.
"Lo que no se trabaja no se paga. Pero cuando no es tu culpa, hay que reparar el daño. Eso se llama reparación integral, lo dicen los tratados internacionales. Se nota que a nuestros jueces les falta capacitación en violencia de género", sostuvo Jacky.
El drama que vivió la víctima
La denunciante, María Elizabeth Orellana, se desempeñaba como cabo de la Policía de Mendoza cuando en febrero del 2008 quedó embarazada.
A partir de ese momento la mujer sufrió varios problemas de salud y debió solicitar días de licencia, por lo que esas jornadas se contabilizaron como días no trabajado.
A esto se le sumó una licencia por tratamiento psicológico que se extendió por varios meses, generando que la mujer decidiera ligarse las trompas, para no volver a padecer estos problemas.
Sin embargo, esa decisión le provocó una crisis emocional, tal como confirmaron los propios médicos de Sanidad Policial, desde donde informaron que Orellana había sufrido una "desestabilización emocional, por lo que no podía portar armas".
De esta forma, a pesar que en abril del 2010 los psicólogos le dieron el alta, desde la fuerza decidieron darle de baja. Esto, porque para las autoridades la efectivo estaba "inapta para cumplir funciones" y además, ya había cumplido los 750 días de licencia disponibles para un policía.
"El hombre no se embaraza. Eso es discriminación y se perjudica a la mujer policía. En otros países de Latinoamérica se ha modificado la norma y acá hay un proyecto en ese sentido que tiene aprobación del Senado pero está frenado en Diputados", explicó Jacky.
Ante esto, Orellana decidió demandar al Ministerio de Seguridad -y por ende al Estado provincial- y la justicia le dará la razón.
Ahora la palabra la tendrá el gobierno, que puede apelar el fallo. En tanto que la víctima también intentará cambiar algunos puntos de la resolución.
Mirá la sentencia del juez Fernando Games: