A más de dos años de la implementación de los juicios por jurados populares, el Gobierno provincial ultima detalles para sumar más delitos a este método de resolución de causas penales.
22 de marzo de 2026
Buscan una ampliación de los juicios por jurados.
Foto: Cristian LozanoA más de dos años de la implementación de los juicios por jurados populares, el Gobierno provincial ultima detalles para sumar más delitos a este método de resolución de causas penales.
El 1 de abril comenzó a trabajar la "Comisión de seguimiento y ampliación de los juicios por jurados". La misma estaba prevista en la ley que fue acordada por el entonces gobernador Alfredo Cornejo y la senadora Anabel Fernández Sagasti, y es la encargada de estudiar cómo funciona el procedimiento.
Por el momento, los únicos delitos alcanzados son los que figuran en el artículo 80 del Código Penal. Estos son los homicidios agravados, que prevén una pena de cadena perpetua.
Tras varios encuentros semanales y propuestas presentadas en la Legislatura, la comisión ya empieza a cerrar el informe que se le presentará al Ejecutivo para que decida cómo será el nuevo proyecto de ley.
Una comisión analiza los juicios por jurados.
Para el Gobierno están las condiciones dadas para sumar más crímenes a este tipo de enjuiciamientos. Así lo sostuvo el gobernador Rodolfo Suarez en su discurso del 1° de Mayo frente a la Asamblea Legislativa, y en ese sentido trabaja el espacio dedicado a analizar las estadísticas y proyecciones de los juicios por jurados.
La comisión está compuesta por representantes de la Suprema Corte, del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, de la Federación de Colegios de Abogados/as, de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. Integrantes de este equipo de trabajo sostuvieron a SITIO ANDINO que los delitos que se contemplarían serían los homicidios agravados por uso de arma, en ocasión de robo y, si las circunstancias lo permiten (por la estructura necesaria para incluirlos), los homicidios simples.
De esta manera, en las próximas semanas se concluirá el borrador para poder trasladarlo al Ejecutivo, que será el que finalmente determine el alcance de la nueva ley.
