Legislatura

El PJ apoya la reforma de la 7722, pero puso límites: más controles y compre local

En concreto, buscan que se respeten cuatro tópicos: control ambiental efectivo, cuidado del agua, creación de trabajo mendocino y licencia social.

Anabel Fernández Sagasti. Foto: Yemel Fil.

Para esto, el Frente de Todos apunta a los siguientes cambios:

- Zonificación de acuerdo a la licencia social ("es compatible con las evaluaciones en el marco de la cuenca hídrica", indicó Carmona).

- El Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico previsto en la norma debe estar conformado por el 30% de las regalías, cifra que se repartiría entre impermeabilización de cauces, sustitución de riego manto, porcentajes para establecimientos agropecuarios de distinto tamaño y, finalmente, un monto para obras viales y de saneamiento.

- Creación de la Empresa Provincial de Minería.

- Garantizar el compre mendocino, mano de obra mendocina e industrialización.

- Creación de la Agencia Provincial de Minería, que reemplace a la actual Dirección y que, en su directorio, haya participación de la oposición.

Si bien algunos de estos temas ya se incluyen en el expediente del Ejecutivo, el objetivo es profundizar algunos instrumentos y procedimientos que, según afirman, no se cumplen hasta el momento. "Estamos acá para garantizar que haya un 0% de posibilidades de contaminar el agua. Queremos empezar un diálogo sincero", relató  la Senadora Nacional, Fernández Sagasti.    

Por su parte, Carmona -que estuvo al frente de la cartera de Ambiente en la gestión de Celso Jaque - manifestó que hay áreas del Estado que se han desfinanciado y perjudican la tarea de control. "Se ha quitado el financiamiento previsto en el Fondo de Protección Ambiental de la Ley 8009, hay un vaciamiento y una desarticulación de la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería. Solo hay diez inspectores", cuestionó.

El ex diputado nacional también aseguró que los balances hídricos están inconclusos y que la Agencia de Ordenamiento Territorial funciona irregularmente, a la vez que resaltó que "el único lugar con licencia social es Malargüe", por lo que, según entienden desde el peronismo, sería el único departamento donde deberían impulsarse proyectos mineros.

"Cualquier tipo de levantamiento de restricciones (en referencia a los cambios que se pretenden hacer al artículo 1 de la ley) tiene que estar condicionado a la licencia social y los controles. El proyecto de Suarez no respeta el principio de no regresión; nuestro proyecto aporta a la progresividad en cuanto a la aplicación de las normas ambientales", relató Carmona.

Posición del PJ frente al proyecto oficial de modificación de la Ley 7722

Primer plenario de comisiones entre integrantes del Senado y Diputados

Luego de la conferencia de prensa, se realizó en el Nuevo Anexo Legislativo la reunión inicial del plenario de las comisiones afectadas al proyecto de ambas cámaras. Del encuentro, participaron el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance y el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú.

"Tenemos que proteger el agua utilizando todas las herramientas posibles. Esta ley no es para hacer minería donde no se puede. A Mendoza le sobran mendocinos o le falta economía: no nos dejemos llevar por el miedo", argumentó Guiñazú.

En el cónclave, la mayoría de quienes se expresaron fueron las y los legisladores que están en contra de la modificación de la ley. "Ya vinieron especialistas que demostraron las falacias de que se puede usar cualquier sustancia", expuso Lautaro Jiménez (FIT.

Por su parte, Lucas Ilardo, presidente del bloque peronista en la Cámara Alta, explicó por qué se mostraron receptivos a modificar la "ley del agua". "Nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma. Esta es nuestra posibilidad hoy. El gobernador invitó a hacer aportes, él habló de consenso social. El peronismo no va a escapar a esa posibilidad", concluyó.


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