El oficialismo trabaja en estas horas para definir el cronograma de reuniones que se tendrán en la Legislatura para discutir la reforma de la ley 7722. Así, ya se conoce que la próxima semana comenzarán los encuentros.
El oficialismo trabaja en estas horas para definir el cronograma de reuniones que se tendrán en la Legislatura para discutir la reforma de la ley 7722. Así, ya se conoce que la próxima semana comenzarán los encuentros.
Este martes, el Senado le dio estado parlamentario y envió el proyecto del Ejecutivo con las modificaciones sobre la "ley del agua" a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Hidrocarburos, Minería y Energía y Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda.
Si bien se especulaba que en estos días empezarían las deliberaciones en el Nuevo Anexo Legislativo, se decidió esperar algunas jornadas más para darle inicio al calendario de debate.
El objetivo es que el plenario de comisiones se realice en conjunto con ambas cámaras. Así suele suceder en el tratamiento por la Ley de Presupuesto, de manera tal que, una vez aprobada la norma en un cuerpo, no necesite una revisión más extensa en el otro.
Por otra parte, se prevé que funcionarios/as del Poder Ejecutivo participen de las reuniones para informar a las y los legisladores los detalles de la propuesta presentada por el gobierno de Rodolfo Suarez. De esta manera, el proceso sería similar al que tuvo lugar en la Cámara Alta a fines de 2018, cuando se avanzó con las discusiones sobre los proyectos de los senadores justicialistas Alejandro Abraham y Juan Agulles (ya terminó su mandato).
El primer proyecto de ley del flamante primer mandatario apunta directamente a una de sus promesas de campaña: impulsar la minería en Mendoza. El mismo incluye cambios sustanciales a la ley 7722, que data de 2007 y la cual prohíbe la utilización de sustancias químicas en esa actividad.
El expediente que ingresó el martes al Senado solo impide el uso de mercurio y habilita el de los demás productos. Además, elimina el aval legislativo de las declaraciones de impacto ambiental (DIA); crea una "Policía Ambiental de Actividades Extractivas"; habilita la contratación de auditorías internacionales y establece un "Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y para Infraestructura Vial y de Servicios".
El martes, en tanto, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura se volverán a convocar por la mañana frente a la Legislatura para rechazar la reforma a la ley.


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