La salida política ya es prácticamente imposible. El conflicto por la vigencia del sistema de promoción industrial conduce a un camino cada vez más cerrado, angosto y ríspido para nuestra provincia.
24 de mayo de 2026
La salida política ya es prácticamente imposible. El conflicto por la vigencia del sistema de promoción industrial conduce a un camino cada vez más cerrado, angosto y ríspido para nuestra provincia.
Hoy por hoy, la salida para Mendoza es judicial. Y la única forma: atacar cada uno de los convenios que el Gobierno Nacional vaya firmando con las provincias, como paso ineludible una vez que entre en vigencia el Decreto 699 que rubricó Cristina Kirchner y estaba frenado por una presentación de la Cámara de Comercio de San Rafael hasta que la semana pasada fue confirmado por la Corte de Justicia de la Nación.
Tan contundente como esto es la voluntad del gobernador Francisco Pérez en agotar todas las instancias políticas, mientras una oposición radical que va a la cola de los temas se manifiesta a los gritos en contra de todo, sin ayudar, sino buscando con mezquindad algún rédito.
Pero, igualmente, y hay que decirlo, eso que dijo el gobernador sobre incluir a Mendoza en este régimen de beneficios impositivos resulta poco creíble y probable. Eso ya fue. O quizás nunca fue. De ahí que embestir judicialmente contra los acuerdos Nación-provincias sea nuestra única esperanza.
Sin querer cargar de pesimismo extra la situación, tampoco la movida gremial que se gesta por estas horas a favor de Mendoza obtendrá resultados concretos que cambien la historia. Si bien se trata de manifestaciones más sinceras que la de la UCR local, también tiene un fuerte tinte oportunista.
La visita de este viernes a Mendoza de Hugo Moyano tiene varias lecturas y una es su acompañamiento a la provincia en esta pelea contra la promoción industrial, justo cuando él está enfrentado a Cristina Kirchner.
El gobierno de Pérez deberá relativizar la jugada del camionero, que encuentra en la promoción otro argumento para oponerse a la Jefa de Estado, mientras sus seguidores la aprovechan para fortalecerse.
La CGT local (que en las últimas elecciones colocó a un senador y un diputado provincial) buscará sumar al reclamo a otros sectores de la central obrera de las 20 provincias que no tienen promoción industrial, pero hay mucho de oportunismo en esto porque a su vez, buscan avales para llevar adelante una medida de fuerza (paro o movilización) a nivel nacional.
Así las cosas, gobierno provincial y CGT van por caminos separados. Uno va contra los convenios en la Justicia, mientras el otro piensa en bloquear mercaderías desde y hacia las provincias promocionadas. El paso de los días dirá quién es más efectivo.
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