El miércoles pasado, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) recibió a representantes de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes, quienes apoyaron la propuesta. Así, tras el encuentro se le dio dictamen positivo al texto.
El Gobierno apunta a frenar el robo de autopartes.
En la norma, y según se desprende de los fundamentos de la misma, "se pretende desalentar la compra de bienes de dudosa procedencia, como así también la presencia del estado en el control permanente de los establecimientos dedicados a la compra y venta de autopartes y de neumáticos, no sólo con fines tributarios y administrativos, sino en la lucha contra el delito y contra la inseguridad, desarticulando de este modo el circuito de venta clandestina de autopartes, cubiertas y neumáticos".
El cambio central del proyecto con la legislación actual es, precisamente, la destrucción de los elementos decomisados. Hasta ahora, cuando se reconocía que un producto era robado quedaba en muchas ocasiones en el mismo desarmadero allanado. La ley de Cornejo busca evitar esto y permitir que el Ministerio Público Fiscal invervenga, investiga si los artículos provienen de una transacción lícita y, si esto no es así, se proceda en las siguientes 24 horas a la eliminación de estos objetos.
Desde el oficialismo afirmaron que hay consenso generalizado con la propuesta del Ejecutivo, por lo que se obtendría sanción inicial sin mayores complicaciones.