El Gobierno decidió quitarle a la Empresa Provincial de Energía la posibilidad de realizar explotaciones mineras para evitar el rechazo y la resistencia de las organizaciones ambientalistas y lograr la aprobación del proyecto de ley.
La imperiosa necesidad que tiene el estado provincial de crear la firma (en los próximos meses podría explotar algunas áreas petroleras de YPF cuya concesión volvería a manos de la provincia) podría chocar contra la fuerte resistencia que oponen algunos grupos (ambientalistas y sectores políticos subidos a la protesta) al desarrollo de la minería.
Esta es la evaluación que hacen en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, desde donde salió la idea de quitarle a la empresa el carácter de minera. Así, la firma se centraría en la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la provincia.
El apuro por crear la empresa de energía pasa fundamentalmente por el avance del estado nacional sobre YPF. La firma provincial absorberá las áreas petroleras expropiadas por la falta de inversiones y podrá explotarlas asociándose con privados.
Esto redituaría, además, en el ingreso de una importante cantidad de recursos a las arcas provinciales, lo que paliaría el gran drama del primer año del gobierno de Paco Pérez: la falta de recursos y el alto déficit de las cuentas estatales.
Pese a los cambios en el proyecto, en la nueva empresa quedará un resquicio para un tipo de explotación minera que se sumará a la petrolera: la de los minerales energéticos. El listado, que se está puliendo, supera los 80 elementos, y excluiría, entre otros, a la plata y el oro.