Ley 7722: tras otro debate, avanzarán con la modificación propuesta por Abraham

Para dar contexto, existen dos proyectos que apuntan a modificar la normativa ambiental actual. Por un lado, el del ex intendente de Malargüe que propone crear parques industriales mineros controlados, siguiendo el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en los que no rija la 7722, es decir, que en estos lugares se pueda utilizar todo tipo de sustancias.

Por otro lado, el del ex cacique de Guaymallén que establece varios cambios: en primer lugar apunta a eliminar la frase "...y otras sustancias similares" cuando se refiere a la prohibición del uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico en los emprendimientos mineros. Además, propone cuatro tipo de controles, incluyendo uno que deberían realizar organismos internacionales y que pretenden que sea el departamento de actividades mineras de las Naciones Unidas el encargado de llevarlas adelante.

"Proponemos cuatro controles: el primero es propio del Ejecutivo, a través de la policía minera, el segundo es legislativo por medio de una comisión bicameral de seguimiento de las actividades. El tercero es el social, una red de control integrada por ONG, universidades y particulares con recursos aportados por el Estado para que puedan hacerlos y un cuarto control son auditorías internacionales, que las vamos a incorporar y que la idea es que las lleve adelante Naciones Unidas", comenzó a explicar Abraham.

Y agregó: "El debate es importante. Creo que hay un conflicto entre aquellos que sostienen falsamente que el agua no alcanza para la provincia porque la actividad minera consume muy poco y no se está viendo la posibilidad de hacer una gran alianza de sectores donde las actividades mineras den recursos para optimizar el recurso agua. Hoy faltan en Mendoza inversiones en impermeabilización de canales, de cauces y sustitución de viejos mecanismos de riego. Por eso, en el proyecto proponemos obtener regalías mineras para volcarlas al agua y que alcance para todos aún en períodos de sequía".

Los controles, una de las principales preocupaciones

En las exposiciones que se realizaron durante casi cinco horas en el Salón Ricardo Rojas de la Cámara de Senadores, una de las preocupaciones principales de especialistas e investigadores en contra de la ley 7722 giró en torno a la desconfianza en el Estado para que pueda realizar los controles sobre la actividad minera.

"Estamos muy preocupados porque hay un oficialismo agazapado que apoya la modificación de la 7722 que evita que Mendoza se convierta en Jáchal. La ley es un símbolo de desconfianza social a los controles del Estado. El año pasado, todos los funcionarios oficialistas que estaban en campaña y que hoy son Gobierno decían que no estaban dadas las condiciones para permitir la minería. Es muy importante la coherencia, los mendocinos están muy preocupados por el agua, sobre todo de las futuras generaciones", expresó Marcelo Romano, senador del PI, conocido como "el abogado del agua".

Y sumó: "Cuando yo fui candidato a intendente por la UCR en el 2015, escuché muchas veces a Cornejo decir que la 7722 no se toca, lo mismo hizo Humberto Mingorance (secretario de Ambiente), Tadeo García Zalazar (intendente de Godoy Cruz) y Héctor Quevedo (senador) que firmaron inclusive la ampliación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas y hoy son los más fervientes defensores de San Jorge y de la modificación de la 7722. Esta es la falta de coherencia es la que nos preocupa y da desconfianza a los mendocinos".

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía respondió a los dichos de Romano y fue tajante: "Mendoza está en condiciones como Estado de controlar. Hace 100 años convivimos con la actividad petrolera, los estándares van cambiando y se van ajustando a los de cada momento. Hoy, no controlamos el petróleo como lo hacíamos hace 30 años atrás sino que se ha modernizado y hasta se ha incluido la tecnología, todas las herramientas puestas al servicio. Ese temor a no tener esa capacidad está infundado", dijo.