La Cámara Baja provincial avanza con la discusión de dos proyectos que resultaron esquivos para la Legislatura y no tuvieron un tratamiento veloz cuando fueron presentados: la creación de una guía técnica para abortos no punibles y la derogación de la ley que prohíbe la venta de misoprostol en Mendoza.
Ambas iniciativas obtuvieron "preferencia con despacho" en la sesión de este miércoles, por lo que se debatirán en comisiones en breve para obtener el visto bueno y que pasen al recinto.
El diputado Lucas Ilardo (Unidad Ciudadana) pidió impulsar la propuesta de su autoría que apunta a que la provincia adhiera al protocolo para interrupciones legales del embarazo (ILE) que fue creado por el Ministerio de Salud de la Nación. A ese texto, se le adherirán normas que van el mismo sentido de diputados y diputadas de casi todos los espacios políticos.
El artículo 86 del Código Penal (modificado en 1921) indica lo siguiente:
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
En 2012, la Corte Suprema de la Nación ratificó lo establecido por la ley que data de hace casi un siglo con el fallo del caso FAL. Además, el Estado nacional creó la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, a la que Mendoza aún no adhiere pero desde el Gobierno aseguran que utilizan un protocolo propio.
Por su parte, el presidente de la bancada de la UCR, César Biffi, solicitó la preferencia con despacho para el proyecto de la radical Ana María Andía, que busca dejar sin efecto la ley 8116, aprobada en 2009 y la cual no permite que la pastilla utilizada para realizar abortos esté disponible en farmacias bajo receta archivada. El medicamento es recomendado por la Organización Munidal de la Salud para la práctica.