deuda

Los dueños de los micros deben casi $4,5 millones de impuesto automotor

Los propietarios de las empresas que prestan el servicio de transporte urbano en el Gran Mendoza tienen deudas millonarias con el Estado.

Por Matías Malagoli

Los empresarios del transporte deben casi $4,5 millones de pesos de impuesto automotor. Los dueños del transporte público del gran Mendoza, los mismos que mes a mes recorren los pasillos de Casa de Gobierno para pedir que aumente el boleto, que los mendocinos paguen más por kilómetro recorrido y que se preocupan seriamente por la quita de subsidios nacionales, encabezan la lista de deudores en el rubro automotor.

Las firmas que fueron incluidas en el contrato de concesión que firmó Julio Cobos con Autam en 2005 son 7, y en todos los casos poseen onerosas deudas con el Estado provincial por no pagar las patentes de los micros.

La que encabeza el listado de deudoras es la firma El Cacique, de Sergio Pensalfine, que opera tres grupos de colectivosa (7,8 y 9). La empresa maipucino debía, a diciembre, la friolera de $760.364,60.

La segunda empresa que más debe es Transportes El Plumerillo, a cargo del Grupo 6 que tiene recorridos que unen Las Heras con Godoy Cruz, y debe $696.754,13. El podio de las más deudoras lo completa Autotransportes Alvear S.A., que opera el Grupo 3 y adeuda $6617.898,21 de patentes.

Después están Autotransportes Los Andes S.A. (una de las firmas que maneja el grupo 4) con $595.957,84; Empresa Maipú (posee el grupo 10 y recientemente se quedó con el 2, antes en manos del Estado) que debe $581.406,89; Transporte General Roca S.R.L. (con presencia en el grupo 5 y el 3) con $577.495,53.

Cierra el listado la menos deudora de las 7 firmas que están a cargo del transporte público del Gran Mendoza: Autotransportes El Trapiche S.R.L., que debe solamente $414.404,38.

En total, las 7 empresas debían, al mes de diciembre, $4.244.281,58. El monto es sensiblemente menor a las ganancias de las firmas en un año de prestación del servicio0 de transporte público.

El contrato firmado en 2005 les asegura a los empresarios una rentabilidad del 10% sobre un sistema que, en 2011, costó unos 655 millones de pesos.

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