Se vienen tiempos de cambios radicales para el sistema de transporte de Mendoza, aunque aún hay una incógnita total sobre cuáles serán esas modificaciones. Una de las pocas precisiones que obtuvo el Gobierno de Mendoza en la reunión que congregó este jueves a funcionarios y empresarios de todo el país es que se intentará equiparar los precios del boleto de todo el país y, como ya se conocía, que se suprimirá el esquema de subsidios a los empresarios para trasladarlo a los usuarios.
Pero, ¿qué significa eso para Mendoza? En principio, el cambio del formato de los subsidios que llegan de la Nación no alterará los costos que hoy tiene el sistema de transporte urbano del Gran Mendoza, financiado con un costo por kilómetro recorrido que determina un valor fijo.
En 2011, se desembolsaron más de 650 millones de pesos para sostener el sistema. De la provincia salieron los fondos para casi dos tercios del monto total: unos 210 millones los aportaron los usuarios con el pago del boleto mientras que el gobierno mendocino aportó 200 millones a través del Fondo de Contingencia.
El resto, poco más de 240 millones de pesos, llegaron desde la Casa Rosada como subsidios a las empresas en distintas áreas: 18 millones para rebajarle a los empresarios el precio del gasoil, 37 millones para los sueldos de los empleados y 186 millones como subsidios directos como Compensación Complementaria Provincial.
Este dinero es el que dejarán de percibir los empresarios directamente. Los subsidios ahora pasarán a achicar el precio del boleto que pagan los usuarios de menos recursos, aunque la clave del asunto para Mendoza es otra: qué monto girará el Gobierno Nacional a Mendoza para subsidiar a estas personas.
Sucede que el contrato firmado en 2005 establece un costo por kilómetro recorrido que determina un valor fijo para el costo del sistema: esto quiere decir que los 655 millones de pesos (más el aumento que debe otorgarse a los empresarios y que también figura en el contrato) se deben pagar como sea.
Si con la reconversión de los subsidios el Gobierno Nacional disminuye el monto de los fondos para el sistema de transporte, la provincia y los usuarios deberán hacerse cargo de algún modo del dinero que falte.
El Fondo de Contingencia para el 2012 dispone de 300 millones de pesos, a los cuáles debe descontarse el dinero necesario para operar el Metrotranvía. El gobierno tendrá dos caminos: o busca fondos extra a lo ya presupuestado (algo complejo teniendo en cuanta que hay un déficit superior a los 1.500 millones de pesos) o eleva el valor del boleto.
Pero el precio que pagarán los usuarios no será algo que podrán definir las provincias si el Gobierno Nacional avanza en su idea de unificar los valores en todo el país (lo que permitiría, junto a la expansión de la tarjeta Sube, homogeneizar todo el sistema).
En este marco, la gestión de Paco Pérez se vería cada vez más empujada a buscar modificar las condiciones del contrato que hoy rige entre la provincia y los dueños de los micros para modificar la estructura de costo por kilómetro recorrido, para evitar el colapso financiero del sistema.
Pérez se aseguró, en el presupuesto, la herramienta legal para esta negociación: la adhesión a la ley de Emergencia Pública que permite renegociar contratos que todavía no vencen (el de los micros termina en 2015).
El principal promotor de esta medida en el Ejecutivo es el titular de Hacienda, Marcelo Costa. Pero el riesgo que corre el Gobierno si avanza con brusquedad para cambiar el contrato es que los empresarios paralicen el servicio como mecanismo de presión, con las consecuencias sociales y económicas que semejante medida provocaría.
La semana que viene será clave: el Gobierno Nacional dijo que comunicará el viernes 10 de febrero la nueva tarifa sin subsidio para el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, lo que permitirá que el resto de las provincias, incluida Mendoza, tengan indicios de cuánto dinero recibirán.
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