El defensor oficial de los presos "festeja" la ley para obligarlos a trabajar
Asegura que la mayoría de los condenados quiere trabajar, pero no tienen cupos en los penales. "Hace falta una gran inversión para cumplir con esa ley", avisa.
El mayor anuncio del gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa del 1º de mayo fue un proyecto de ley (que ingresó este lunes al parlamento) para obligar a los presos condenados de Mendoza a trabajar dentro de los penales. La iniciativa genera un apoyo prácticamente unánime y hasta ahora ha sido imposible encontrar voces que hablen en contra de la idea. El defensor oficial de los detenidos "festejó" la medida, aseguró que la mayoría de los reos la toman con ilusión y pidió inversiones.
Fabricio Imparado es el procurador de las Personas Privadas de su Libertad, lo cual significa que se trata del defensor oficial que debe velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y los derechos humanos de los presos mendocinos. Este lunes, en diálogo con Sitio Andino, celebró el anuncio gubernamental.
"Me parece bien que se ponga sobre la mesa la problemática del ocio en las cárceles, es un viejo reclamo nuestro y es interesante que se plantee en un discurso que es escuchado por todos los mendocinos. El trabajo es clave en la reinserción de los detenidos y es algo de lo que se habla poco y nada, por eso estamos expectantes y conformes", aseguró Imparado, quien tomó contacto con el proyecto luego de que fuera presentado en el Senado por el ministro de Seguridad, Gianni Venier.
"El trabajo es un derecho humano y estamos seguros de que la mayoría de los presos quiere trabajar. Yo entrevisto a muchos detenidos todos los días y son ellos los que nos dicen que les gustaría acceder a un empleo para mantener a su familia y para cubrir las horas libres, que en las cárceles son muchas y el tiempo pasa muy lento", agregó el procurador de las Personas Privadas de la Libertad.
Sobre la supuesta "obligatoriedad" de que los presos trabajen, Imparado resaltó: "Es un juego de palabras. No es obligatorio, el trabajo forzado no existe y por supuesto que a nadie se le puede imponer que trabaje. Se habla de obligatoriedad porque el empleo, según la ley, es uno de los requisitos para acceder a beneficios como la libertad condicional".
Actualmente algunos presos trabajan en talleres, pero el gobierno quiere hacerlo obligatorio.
"No veo negativo que se imponga la necesidad de trabajar para acceder a beneficios. En Mendoza la conocida 'Ley Petri' (en alusión a la ley 8.465 de salidas transitorias) les negó a muchísimos presos la posibilidad de obtener algunos beneficios. Ahora podrán obtenerlos siempre que trabajen o estudien, lo cual nos parece un avance", sentenció el defensor oficial de los presos.
Sin embargo, Imparado resaltó que para lograr darle trabajo a los más de 2.500 presos condenados que hay en Mendoza la inversión necesaria es "multimillonaria" y agregó que si actualmente sólo trabajan 500 detenidos es por las escasas condiciones edilicias de los penales y no porque no tengan voluntad.
"La mayoría de las personas que actualmente trabajan en los penales lo hacen en actividades muy básicas, limpieza o mantenimiento, no en una actividad productiva que genere una ganancia y que les enseñe a vivir dignamente cuando recuperen su libertad. Todo trabajo es digno, pero pedimos que no sean sólo tareas de limpieza, sino empleos similares a los que pueden conseguir en la calle", exigió también el procurador.
Sólo 3 personas para controlar los derechos humanos de todos los detenidos de Mendoza
La procuración de los detenidos fue creada por ley en 2013, luego de múltiples denuncias de organismos internacionales sobre la situación carcelaria de Mendoza, y se puso en funcionamiento en 2014, siendo Imparado el encargado de dirigir el organismo. Sin embargo, a 3 años de su creación, la oficina cuenta con escaso presupuesto y personal humano, lo cual hace imposible cumplir los objetivos.
"Al principio no teníamos ni una oficina, ni una computadora. Ahora tenemos una oficina en Casa de Gobierno (NdR: se trata de un organismo autárquico, independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo), pero nos sigue faltando mucho. Sólo tengo 2 personas trabajando en la oficina", se quejó el funcionario.
Además de las cárceles de Bouglogne Sur Mer, San Felipe y Almafuerte, esta procuración debe velar por los derechos de las personas alojadas en las cárceles de mujeres, el ex Cose, las comisarías y hasta las instituciones de salud mental como El Sauce. "Con lo que tenemos es imposible cumplir con los objetivos. Se hace lo que se puede y cómo se puede", se lamentó.
